El accionar se sitúa en la grave crisis por la que atraviesa el sector salud, especialmente en los hospitales de la red pública que no cuentan con recursos por parte del gobierno y están ‘desangrados’ por la corrupción. Ante ello, el gobierno se inventó un plan de reestructuración que básicamente está compuesto por restricción de salarios, prestaciones y demás derechos laborales.
Héctor Alvis, presidente de Anthoc nacional, especificó la posición de la organización que lidera. “Estudiamos alternativas de solución y acciones jurídicas. Es pasar de la defensiva a la ofensiva desarrollando acciones de denuncia que sean necesarias ante la justicia penal administrativa y los órganos de control. Para lo cual desarrollaremos unos procedimientos que comenzaron por enviar a las seccionales del sindicato, a las subdirectivas y a los comités los formatos de denuncias penales, las querellas administrativas laborales y las quejas ante la Procuraduría”.
El propósito es que las subdirectivas puedan llenarlos con los nombres de los gerentes, los integrantes de las juntas directivas de los hospitales, gobernadores o alcaldes, para entonces presentarlas ante los entes y que se resuelvan las problemáticas atenientes. Adicionalmente, cada seccional debe adelantar los trámites necesarios para obtener copias de los contratos de prestación de servicio y otros documentos.
Del 4 al 8 de noviembre, los presidentes de las seccionales departamentales y del Distrito Capital estarán en Bogotá con los borradores de cada documento para suscribirlos con los responsables de la Junta Directiva nacional y llevarlos ante la Fiscalía General, la Procuraduría, el Ministerio del Trabajo y demás organismos competentes.
Las acciones serán acompañadas por el asesor jurídico de Anthoc, abogado Nixón Torres Castro, el Colectivo José Alvear Restrepo y el colectivo Justicia por Colombia. Aquellos hospitales donde haya acuerdo con el sindicato no entrarán en estos procesos de demanda. El 7 de noviembre se llevará a cabo una rueda de prensa donde Anthoc hará públicas las denuncias que se presentarán.
Ahora bien, siguiendo a Alvis, “con el propósito de defender el derecho pleno de negociación, sindicalización, movilización y huelga, el sindicato adelantará acciones de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Administración de la OIT”.
Para la segunda quincena del mes de noviembre hay pendientes movilizaciones, para las cuales se ha pedido la solidaridad de la CUT nacional. De otro lado, el 8 de noviembre ha programado una reunión con un abogado por departamento para definir la conformación que manejará las demandas sobre retroactividad de cesantías y la aplicación de la Sentencia C241.
En este marco de actividades, se desarrollará la rifa de un bono de una motocicleta para recolectar los recursos suficientes que permitan sufragar los gastos de la protesta por realizarse.
