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La situación laboral, económica y de prestación en la ESE Hospital de Obando, Valle del Cauca, es tan delicada que la vida de los pacientes está en riesgo. La seccional de Anthoc en ese municipio denuncia los malos manejos, decisiones equivocadas y la corrupción interna.


Desde el 1 de enero, cuando llegó la administración actual a regir el municipio y desde el 1 de abril, al entrar la gerencia al frente del hospital, la problemática se ha agravado. El gerente Nelson Osorio Cortés no cuenta con el perfil necesario para liderar la institución. Entonces, una funcionaria llamada Nelsy Lucía Zapata es quien realmente rige los destinos del centro de salud.

“Han nombrado una cantidad de personal administrativo que no se compensa con el personal asistencial. Anteriormente, nuestro hospital se desempeñaba en esa área con 7 funcionarios, ahora hay 16. Han aumentado la nómina de una forma que no compensa con lo que estamos percibiendo en este momento”, manifestó Carlos Hernando Medina, presidente de Anthoc seccional Obando.

La situación financiera es bastante delicada. La facturación debido a la prestación de servicios con las EPS ha bajado en unos casos en 20% y en otros hasta el 50%. Esto ha ido en detrimento de la compra de insumos, en estos momentos se carecen de materiales, como por ejemplo, para la prueba de diabetes a adultos mayores, en farmacia las quejas de los usuarios se han multiplicado porque no les entregan los medicamentos. Las EPS han decidido montar competencia con su propia farmacia y personal, lo que significará la pérdida de ingresos.

El resto del personal tercerizado tampoco reúne el perfil idóneo para las funciones que ejercen y, aun menos, tiene conocimiento en la prestación de salud. El tema se pone delicado porque en urgencias han contratado personal sin el conocimiento necesario. Hay una serie de medicamentos denominados LASA, con nombres muy similares pero distintos efectos y que se deben aplicar en cantidades distintas. El manejo depende de la experticia y los nuevos trabajadores carecen de ella. Ya se han presentado incidentes y estos pueden ser letales.

Adicionalmente, tampoco se ha puesto en práctica el plan territorial que asegura la atención gratuita a toda la población. Para evitar cualquier reacción a sus malos manejos, la administración adelanta una persecución al personal sindicalizado. Al punto que la subgerente, y el pasado miércoles la auxiliar en información en salud, fueron relevadas de sus funciones.

“La situación que vivimos aquí es un acoso constante, lo que está afectando nuestra salud tanto física como mental. La subgerente tuvo que ser hospitalizada en un centro de salud mental en Pereira”, precisó Medina.


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