ANTHOC y el Departamento de Derechos Humanos y Misión Médica, rechaza y condena el asesinato de tres indígenas AWÁ en el municipio de Ricaurte en el departamento de Nariño perpetrado por los enemigos de la paz y la democracia.
A escasos tres días de que, en el municipio de Samaniego Nariño, fueran masacrados ocho jóvenes de entre 19 y 25 años de edad por hombres armados y encapuchados que irrumpieron en la vivienda donde las víctimas estaban reunidas en la vereda Santa Catalina, siete días antes, el 8 de agosto, dos jóvenes de 15 y 17 años igualmente fueron asesinados por hombres armados, en el municipio de Leiva, Nariño, a través de los medios de comunicación nos enteramos de una nueva masacre, esta vez se trata de al menos tres comuneros indígenas asesinados en el resguardo awá Pialapi Pueblo Viejo, ubicado en el municipio de Ricaurte. El número de víctimas mortales está siendo verificado por una comisión que fue a la zona encabezada por el coordinador de justicia de la organización del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) y el gobernador del resguardo donde ocurrieron los hechos, Miguel Caicedo.
Según información preliminar, el hecho sucedió en la comunidad del Aguacate, la más lejana de todas las que hacen parte del resguardo. Desde el casco urbano de Ricaurte hasta esa zona hay un trayecto de hasta 10 horas, las primeras dos en carro o en moto y de ahí en adelante en mula o a pie. Se ha dicho también que otros comuneros indígenas del resguardo se encuentran desaparecidos.
En lo que va del año, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 33 masacres y viene dando seguimiento a 97 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, de los cuales, a la fecha ha verificado 45 homicidios. A su vez, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha verificado 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, registrando un aumento del 10% de los asesinatos contra estas personas comparado con el primer semestre de 2019. Un total de 215 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Responsabilizamos al gobierno nacional y al estado colombiano por mantener una política histórica del modelo de guerra, hambre, exclusión, miseria y pobreza, un modelo mafioso, que solo incentiva el miedo e impide la solidaridad entre los humildes, exhortamos al gobierno nacional para que se ponga al frente de estas dolorosas situaciones, y efectivamente se implementen medidas y actuaciones que protejan la vida de los colombianos, entre ellos, los líderes y lideresas sociales, jóvenes, defensores de derechos humanos.
Es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por consolidar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ANTHOC
WILFER JHON PINZÓN FUENTES
Presidente
MARÍA VICTORIA JIMÉNEZ SALAZAR
Secretaria General
DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS Y MISIÓN MÉDICA
DARWIN DUQUE
Vicepresidente
Coordinador Departamento DDHH
ROSALBA RUIZ MONTIEL
Secretaría de Solídaridad
ASTRITH GUALTERO CAICEDO
Secretaria de Asuntos Internacionales
Bogotá, D.C., agosto 19 de 2020
