Por medio del decreto 4975 de 2009 el Gobierno Nacional ha decidido declarar la emergencia social en el territorio nacional, con base en consideraciones económicas sobre la sostenibilidad financiera de las EPS e IPS. Sin embargo, esta decisión se da en un contexto que de acuerdo con el derecho internacional de derechos humanos sólo podría dar lugar a la adopción de medidas.

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