“Ahora los pájaros tirándole a las escopetas”, dice Yesid Camacho, Fiscal de Anthoc, sobre la idea de las EPS de reformar el sistema que ellos mismos llevaron a la quiebra. Sobre Jaime Arias, Camacho aclara que es “una persona que ha participado en el sistema desde que se creó en Congreso de la República, que fue ponente de la Ley 100 a nombre del Partido Conservador en el Congreso, que ha pasado por todas las instancias y ahora es el representantes de las entidades que se han lucrado, que han intermediado y han quebrado este sistema”. Es una desfachatez, que “ahora venga a ponerle condiciones al sistema”.
De acuerdo con Aria, el actual sistema de salud no es un problema, el problema principal está en el modelo de atención médica, una excusa para modificar el sistema actual, quedar las EPS con el negocio, y no buscar un sistema nuevo que acabe con la intermediación. En este sentido, es evidente la preocupación de las EPS porque están a punto de salir del ‘negocio’ de la salud.
“Si algunas EPS se han ido es sencillamente porque vieron que ya esto, en las condiciones que puso el Gobierno al unificar los planes, no es rentable para ellos ni para los hospitales, tampoco hay garantías para los derechos de la población. Lo que está en crisis es el modelo de salud, no se puede resolver disminuyéndole la calidad del servicio a la población e implementando medicamentos más baratos, sólo para poder garantizarle ganancias y darle sostenibilidad a las EPS”, afirma Camacho.
ACEMI le envió una carta a la ministra de salud exponiéndole sus consideraciones, así que no sería extraño que el gobierno escuche a las EPS y desoiga el mandato de su pueblo. “Es que un sistema de salud en cualquier país no debe estar dirigido a garantizar la sostenibilidad de unas entidades privadas, debe estar dirigido a garantizar los derechos de la población y el derecho a la salud que es la esencia de cualquier modelo de salud. Si esa no es la esencia, entonces, hay que declarar el estado de inconstitucionalidad y, especialmente, en la Sentencia T760 de la corte constitucional”.
