Fanny Zambrano, Presidenta de Sintrasaludcoop, precisa: “La sanción de la Procuraduría para nosotros, como organización sindical, es algo inaudito. Esperamos una sanción ejemplar para una persona que hizo un fraude por billones de pesos y que, al contrario, lo inhabilitan para ejercer cargos públicos cuando él nunca ha ejercido cargos públicos, eso no es coherente”.
Zambrano alude a que hay intereses políticos que impiden una condena efectiva contra el ex Presidente de Saludcoop. “Palacino debería estar tras las rejas. Esperamos que la Fiscalía haga una buena labor y que si los Nule están tras las rejas por un desfalco que perjudicó a un departamento, mientras que este señor, que perjudicó a una Nación porque los dineros de la salud son nacionales, no está en la cárcel. Esto es nefasto, es tres veces más grande que lo de los Nule”.
La Superintendencia de Salud, es decir el Gobierno, mantiene intervenida Saludcoop, que es la EPS más grande del país, por malos manejos administrativos y de los recursos de la salud. Pero la intervención no se ha visto. Los trabajadores muestran su inconformidad porque no se ha evidenciado eficiencia en la administración de los recursos y el servicio ha venido en deterioro. Todo indica que el desangre en la EPS continúa, sólo basta con traer a colación el caso de los pagos por el Fosyga. La empresa, al estar intervenida por el gobierno, debería estar al día, lo cual permite que la red externa tenga las cancelaciones al día; en cambio, la deuda en esta cartera suma y sigue, lo cual imposibilita que se mejore el servicio.
Ante lo anterior, el sindicato exige un pronunciamiento que aclare por qué es la intervención, y hace “un llamado al Gobierno a que dé la cara”. El sindicato ha planteado su participación en un debate de control político en el Congreso de la República para que los entes de control, la Superintendencia y el Gobierno expliquen qué han encontrado, hacia dónde piensan llevar la empresa y porqué se extendió la intervención. Incluso, se ha hablado de una posible liquidación, a lo cual los trabajadores y usuarios se oponen para evitar que pase nuevamente lo que sucedió con el ISS.
