Así lo denunció la Asociación de empresas sociales del Estado -Aesa- a través del directivo Luis Alberto Martínez, quién dijo que el riesgo fiscal y financiero es tan alto que incluso “ya se dio el primer campanazo en el municipio de Abriaquí, en donde ya se ordenó la liquidación del hospital público del municipio.
Esta problemática no es nueva. La salud en el país viene desde hace años en caída libre y las incipientes reformas que han sido presentadas por el gobierno no atinan a desentrañar los problemas de fondo que aquejan a este sector.
Las críticas más grandes que se hacen al actual sistema son relacionadas con la mirada financiera con la que se ve al sector, que en el papel debería velar simplemente por la salud de los colombianos; en cambio, los rendimientos financieros –tal como si se tratara de simples empresas- son el rasero con el que se está midiendo el trabajo de miles de hospitales en todas las regiones del país.
“En el 70% de los municipios del país habitan menos de 25 mil habitantes, lugares en donde el costo-eficiencia de las entidades de salud es muy cuestionada”, comenta Martínez, quien a renglón seguido aprovecha para instar al gobierno nacional “para que se ponga al día con los pagos” con el fin de poner freno a esta crisis que ya se siente en Antioquia.
Plantones en diferentes hospitales
En la mañana de ayer en diferentes hospitales públicos del Valle de Aburrá se realizaron plantones para pedirle al gobierno una intervención real que permita la salvación de la salud pública.
Jaime Gil Cadavid, veedor ciudadano en el tema de la salud del municipio de Itagüi, comenta que el tema con algunos hospitales en la región es muy grave pues las EPS no les están pagando.
Por eso, cuenta el veedor, incluso las directivas de centros hospitalarios como el San Rafael de Itagüí participaron en el plantón que se convocó a partir de las 9:00 a.m. y que se prolongó durante casi 3 horas. “Mientras no se solucione de fondo el problema de la salud los hospitales seguirán sufriendo mucho”, concluye Gil.
A raíz de estas protestas, el concejal de Itagüí Carlos Andrés Cardona criticó al gobierno nacional y al Congreso de la República por no solucionar esta problemática y en cambio legislar para satisfacer algunos intereses privados. “La crisis es estructural y la situación seguirá empeorando”, dice al momento en que reafirma su apoyo para los trabajadores de este afectado sector.