Varios casos comprueban esta aseveración, como el de San Jerónimo de Montería: el de Palmira en el Valle, donde el Estado manda a los trabajadores a hacer turnos al parque; el Federico Lleras Acosta en Ibagué y el Hospital de Buenaventura, algunos de ellos ya tienen un candado en sus puertas.
Esta crisis se genera debido a la delicada situación económica que enfrentan, 4.5 billones de pesos les deben las EPS, que si se cancelaran saldrían de la crisis y prestarían buenos servicios. “En la ley no dice que van a acabar con los hospitales públicos, es el mismo efecto de la ley que acabará con los hospitales”, añade Osorio.
Y recuerda que en el último debate que hubo en el Senado sobre la reforma de la salud, hubo una asistencia de máximo 54 parlamentarios y se votó la ley con 38 senadores, es decir, un tercio del quórum reglamentario. “Eso es vulgar, porque la mayoría de los representantes y senadores del país están impedidos, porque están recibiendo apoyo económico para sus campañas de las EPS”, sostiene.
De aprobarse la ley, tal como está, las EPS dominarían el sistema de salud y aún menos les pagarían a los hospitales.“Hay que hacer un movimiento que se sienta, con toda la gente que va a los hospitales. Porque del estrato tres hacia abajo tiene que salir a exigir con nosotros, los trabajadores de la salud incluido el sector privado, que también va a llevar. Porque después de esta reforma si no tienen plata no nos van a atender y esto tiene que ser pronto”, finaliza el Tesorero de Anthoc Nacional.