Anthoc radicó en el transcurso del 2103 alrededor de 370 pliegos de peticiones a los entes territoriales y a los entes de gobierno, incluyendo uno marco sectorial que se le presentó al Ministerio en Bogotá. El balance es bastante negativo pues sólo lograron firmarse 7 de ellos.
Del resto, una parte, se iniciaron las conversaciones y quedaron estancadas; los demás aún están represados porque los representantes de los entes territoriales y de los hospitales no se ‘dignaron’ a mirarlos. Falta de recursos o de interés, sindicatos más grandes que Anthoc que ya están en negociaciones, ausencia de condiciones políticas, cualquier“película de terror” es funcional para dilatar el proceso, desconociendo las normativas legales que amparan a los ciudadanos colombianos, en este caso, a los empleados públicos.
Anthoc hizo los requerimientos respectivos al Ministerio del Trabajo, presentando las querellas, pero en muchos casos los inspectores se declararon impedidos diciendo que ellos no pueden sancionar, lo cual crea un limbo para resolver el conflicto.
“Lamentablemente uno encuentra dentro del gobierno unos representantes ‘camorreros’, que buscan la manera de desquitarse o de ensañarse con los otros”, criticó Héctor Alvis, presidente de Anthoc nacional.
Hacia agosto del año pasado, Anthoc, en conjunto con las demás organizaciones sociales, políticas y sindicales, se fue a un paro nacional de varios díasen la mayoría de los hospitales del país. La protesta se debió a que el gobierno se negó a retirar su nefasto proyecto de ley y los congresistas no discutían el que convierte a la salud en un derecho fundamental; mientras, la crisis seguía agravándose.
Recientemente el mismo Ministro del Trabajo puso una demanda para decretar la ilegalidad de ese paro. De acuerdo con Alvis, Pardo pretende demostrar la supuesta ilegalidad en la actividad y, al tiempo, golpear de manera contundente a quienes le están haciendo la oposición, especialmente, a Anthoc, que la ha liderado.
No obstante, Anthoc se mantiene firme en su propósito no solo en la defensa del derecho a la salud, mediante el apoyo al proyecto 210 que cursa en el Congreso, sino también en la reivindicación de los derechos laborales de miles de trabajadores del sector, especialmente los tercerizados, que vienen siendo pisoteados bajo la mirada desinteresada del Ministerio.