En Bogotá habrá una concentración en Caracol Radio en la calle 67 con 7ª y, luego, un desplazamiento hacia el norte para decirle en sus sedes a las EPS que el pueblo colombiano no quiere que ellas se sigan quedando con la plata de la salud.
En marzo, se reinician las sesiones del Congreso y con ellas, vuelve a debate el proyecto de ley que ha venido ajustando el gobierno para reformar el sistema. La Mesa Nacional por el Derecho a la Salud le ha insistido que esa reforma es inconveniente, porque lo que hace es cambiar de nombre a los actores de existen hoy las EPS, concentrar los recursos y continuar con el modelo de intermediación que ha mostrado todos sus efectos negativos.
La petición al gobierno es que retire ese proyecto y construya uno nuevo en un espacio con todos los sectores sociales y políticos. Uno que incluya aspectos como la prevención, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud y la promoción de condiciones de vida saludable. En resumen, reemplazar el actual sistema está atrapado en la intermediación que se queda con la plata que todos los ciudadanos ponen.
Mario Hernández, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Mesa Nacional por la defensa de la salud, recalcó la importancia de que haya unidad nacional en todos los sectores alrededor de este tema.
“Es importante entender que los regímenes especiales que sobrevivieron a la Ley 100 están llegando a un límite porque no logran sostener financieramente para un grupo relativamente pequeño que se envejece, que tiene más costos y más gastos, pero con flujo limitado de recursos, entonces, se vuelve cada vez más inviable. Por lo cual, tiene una serie de problemas de calidad, de oportunidad y sin servicios de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, se estimula para que los maestros se salgan de su régimen especial y, así, empezar a destruir el sistema”.
Enfatiza en que por estos motivos se necesita otro modelo de salud, no el que propone el gobierno, sino recuperar el carácter público de los dineros, construir un fondo público que lo administre sin intermediación, que se descentralice y en el nivel territorial tenga un manejo colegiado, participativo. Asimismo, armar una red de prestadores de servicios con trabajo estable, con formación de personal en salud, con ciencia y tecnología, y control de precios de medicamentos y procedimientos.