El presidente Álvaro Uribe, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y el ministro de la protección Social, Diego Palacios; a través del Decreto 1750 del 26 de junio de 2003, fundaron la entidad para atender a los usuarios del Instituto Seguro Social (ISS) en los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y Sucre. Ahora la liquidación de la José Prudencio Padilla, le deja a los colombianos millonarias deudas.
Por culpa de la politiquería y la mala administración de los congresistas, que durante un lapso de tres años acabaron con la Empresa social del Estado; hoy en proceso de liquidación; las deudas que deja pasan a los colombianos, que son los que asumen los resultados y atropellos del estado.
Entre los activos de la José Prudencio Padilla, se encuentran ocho clínicas que funcionaban en el departamento en el sector de la vía 40 y que hoy se hallan en total abandono. Esta ESE fue asignada a parlamentarios afectos al gobierno, entre los que se encuentra Dieb Maloff, Álvaro García, Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo presos vinculados por paramilitariasmo.
El 29 de julio de 2006, el “ensayo” para reemplazar al ISS colapso, por la corrupción y la burocracia que fue el común denominador en los treinta y seis meses de administración y que después de desviar y malgastar los recursos; deciden por medio del Decreto 2550 liquidar la entidad, sin importar las consecuencias por tremenda decisión.
La José prudencio padilla pertenece al grupo de las siete ESEs creadas y es la primera en liquidarse, le adeuda 20 mil millones de pesos a empresas de laboratorios, proveedores de medicamentos, distribuidoras de equipos hospitalarios, material básico hospitalario, mantenimiento clínico, suministros de todo tipo; son cerca de 150 empresas que prestaron sus servicios, y a las que les argumentan que no hay los recursos para cancelar lo que se les adeuda.
Ya empiezan a abrirse las demandas administrativas, pues en el proceso de liquidación no se reconocieron 10 mil millones de pesos por servicios prestados, que se están cobrando y que deben cancelarse.
Eduardo De la Rosa, empresario afectado directamente afirma: “prácticamente el Gobierno Nacional nos tiene a las puertas de la quiebra”. De acuerdo con los cálculos, están en juego 2.400 empleos del sector privado. El no pago de estas deudas implicaría que se acaben varias empresas porque el Gobierno las sentenciaría a la quiebra y otras quedarán en graves dificultades financieras. Todo eso conllevaría a salir de gran parte del personal que tienen estos proveedores”, sostuvo.
Los activos de la ESE oscilan en 32 mil millones de pesos, representados en ocho clínicas, dos centros de Atención Ambulatoria, bienes muebles e inmuebles. Los pasivos son de 96 mil millones, de los cuales 70 mil millones corresponden directamente al ministerio de Hacienda; 50 mil millones por un crédito condonable otorgado a la división del ISS y 20 mil millones a las empresas proveedoras de servicios e insumos.
Sin contar los gastos que genera el proceso de liquidación, que equivalen a 16 mil millones de pesos, más pagos de de indemnizaciones a trabajadores, sindicalistas y obligaciones del llamado “retén social” del que hacen parte empleados padres y madres cabeza de hogar, limitados físicos y otros. Que va ha pasar con las personas que estaban a punto de pensionarse, quién asume la responsabilidad del pago pensional?
El liquidador Juan Carlos Gómez afirma que hay un déficit de 46 mil millones de pesos. Estas son las consecuencias que ahora tendrán que pagar los colombianos, por culpa del gobierno nacional que se dedica a exterminar el patrimonio de la nación.
Por culpa de la politiquería y la mala administración de los congresistas, que durante un lapso de tres años acabaron con la Empresa social del Estado; hoy en proceso de liquidación; las deudas que deja pasan a los colombianos, que son los que asumen los resultados y atropellos del estado.
Entre los activos de la José Prudencio Padilla, se encuentran ocho clínicas que funcionaban en el departamento en el sector de la vía 40 y que hoy se hallan en total abandono. Esta ESE fue asignada a parlamentarios afectos al gobierno, entre los que se encuentra Dieb Maloff, Álvaro García, Mauricio Pimiento y Álvaro Araujo presos vinculados por paramilitariasmo.
El 29 de julio de 2006, el “ensayo” para reemplazar al ISS colapso, por la corrupción y la burocracia que fue el común denominador en los treinta y seis meses de administración y que después de desviar y malgastar los recursos; deciden por medio del Decreto 2550 liquidar la entidad, sin importar las consecuencias por tremenda decisión.
La José prudencio padilla pertenece al grupo de las siete ESEs creadas y es la primera en liquidarse, le adeuda 20 mil millones de pesos a empresas de laboratorios, proveedores de medicamentos, distribuidoras de equipos hospitalarios, material básico hospitalario, mantenimiento clínico, suministros de todo tipo; son cerca de 150 empresas que prestaron sus servicios, y a las que les argumentan que no hay los recursos para cancelar lo que se les adeuda.
Ya empiezan a abrirse las demandas administrativas, pues en el proceso de liquidación no se reconocieron 10 mil millones de pesos por servicios prestados, que se están cobrando y que deben cancelarse.
Eduardo De la Rosa, empresario afectado directamente afirma: “prácticamente el Gobierno Nacional nos tiene a las puertas de la quiebra”. De acuerdo con los cálculos, están en juego 2.400 empleos del sector privado. El no pago de estas deudas implicaría que se acaben varias empresas porque el Gobierno las sentenciaría a la quiebra y otras quedarán en graves dificultades financieras. Todo eso conllevaría a salir de gran parte del personal que tienen estos proveedores”, sostuvo.
Los activos de la ESE oscilan en 32 mil millones de pesos, representados en ocho clínicas, dos centros de Atención Ambulatoria, bienes muebles e inmuebles. Los pasivos son de 96 mil millones, de los cuales 70 mil millones corresponden directamente al ministerio de Hacienda; 50 mil millones por un crédito condonable otorgado a la división del ISS y 20 mil millones a las empresas proveedoras de servicios e insumos.
Sin contar los gastos que genera el proceso de liquidación, que equivalen a 16 mil millones de pesos, más pagos de de indemnizaciones a trabajadores, sindicalistas y obligaciones del llamado “retén social” del que hacen parte empleados padres y madres cabeza de hogar, limitados físicos y otros. Que va ha pasar con las personas que estaban a punto de pensionarse, quién asume la responsabilidad del pago pensional?
El liquidador Juan Carlos Gómez afirma que hay un déficit de 46 mil millones de pesos. Estas son las consecuencias que ahora tendrán que pagar los colombianos, por culpa del gobierno nacional que se dedica a exterminar el patrimonio de la nación.
