{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/140110/hus.jpg{/image}Yesid Camacho presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios ANTHOC, habla sobre la Emergencia Social  y acciones a tomar frente a la reestructuración de los diferentes hospitales.

La Emergencia social hasta el momento tiene la expedición de dos decretos 4975-4976, ambos del 23 de diciembre de 2009 los cuales le dan facultades al presidente de la república para tomar decisiones  en materia de salud hasta el 22 de enero de 2010 según el artículo 215 de la constitución.

La Emergencia social está enfocada fundamentalmente para salvarles los recursos a los intermediarios financieros como las EPS  y a profundizar el negocio de la salud, profundizar el modelo de mercado efectuando un decremento de los hospitales públicos y de la prestación pública del servicio de salud. 

Según Yesid  la Emergencia Social se ha acompañado de una serie de medidas que no están consideradas dentro de la emergencia, pero  además  se están violando importantes normas constitucionales dentro de las cuales  está el caso de la reestructuración que se ordenó el 28 de diciembre al Instituto Nacional de Cancerología donde fueron despedidos mas de 300 trabajadores y profesionales incumpliendo las normas en materia de garantías electorales.

Cuatro meses antes de las elecciones del mes de marzo para senado y cámara de representantes la ley de Garantías Electorales debería estarse aplicando y no se podrían modificar  las plantas de personal  de ninguna  institución publica del país, sin embargo el presidente de la república dicto un decreto tranquilamente el 28 de diciembre reformando la planta de personal del Instituto de Cancerología y despidiendo una cantidad de trabajadores.

Frente a esta situación en Colombia el presidente puede hacer lo que quiera y según lo que ha dicho el procurador aquí se puede modificar el régimen constitucional tranquilamente  por medio de un referendo, lo que indica que no existe un Estado Social de Derecho si no un Estado de opinión manejado por los mismos medios de comunicación presionando, manipulando la opinión de la gente, aseguró Yesid.

En esta medida lo que se está observando es que la Emergencia Social forma parte de una actividad que tiende a entregar todo al sector privado, todos las instituciones hospitalarias, todas las instituciones mas importantes del país para seguir profundizando en el modelo neoliberal, en le modelo de mercado y de la negación del derecho a la salud ya que esto va a quedar condicionado a la capacidad de pago y a las barreras de acceso que coloquen los particulares que asumen la prestación de este servicio.

En Colombia se le están abriendo las puertas aún mas a las transnacionales, entregándole la salud de los ciudadanos a los extranjeros que va de la mano con el plan de Ciudad Salud que es una zona franca hospitalaria manejada por las transnacionales y que no va a hacer para atender colombianos si no a los forasteros, dentro de este plan esta la reestructuración del Instituto de Cancerología que ya varias de sus dependencias esta manejada por particulares, hace parte la liquidación del Hospital San Juan de Dios, el Materno Infantil que esta prácticamente liquidado, siguen con el hospital Santa Clara, La Samaritana que ya está intermediado en un 60%, lo que indica que las condiciones propicias para armar la zona franca en este lugar esta casi listo.

Anthoc está pendiente de una reunión con el Presidente de la República para discutir el tema y plantearle una propuesta real, sin embargo no nos quedaremos quietos y estamos convocando a una movilización la semana entrante a nivel nacional, se está convocando a la gente a hacer asamblea permanente, realizar mitin en todos los hospitales y algunas otras sorpresas, se trata aunque sea de dejar una constancia histórica porque se sabe que el 22 de enero se vencen las facultades de Uribe para tomar medidas y el Congreso no va a oponer resistencia al igual que la Corte Constitucional, aseguró Yesid.

La propuesta que se presentará plantea que si se quiere salvar el aseguramiento real entonces se debe realizar una reforma a los artículos 194-195 de la ley 100 y que las empresas sociales del Estado se integren  y se conviertan realmente en aseguradoras públicas y prestadoras públicas del servicio de salud, lo cual le  permitiría al país ahorrarse alrededor de un billón 800 mil millones de pesos que lo que se pierde en la intermediación de las EPS, ayudando a generar una equidad y a unificar los planes y beneficios, incluso dentro de un sistema de aseguramiento.

Nosotros no nos oponemos a un sistema de aseguramiento siempre y cuando sea público y genere una garantía real para la población en materia del derecho a la salud como un derecho humano fundamental, que se respeten los derechos de los trabajadores y otras garantías.

Por lo tanto es necesario que toda la población, los trabajadores y en general la comunidad colombiana atienda el llamado para una movilización por el derecho a la salud y a las instituciones publicas hospitalarias.