{image}http://eldia.co/images/stories/301110/004.jpg{/image}Actualmente cursa en el Congreso de la República, un proyecto de ley ordinaria en seguridad social, el cual se soporta en las definiciones de la ley 100, es decir, no contempla la salud como derecho fundamental, mantiene la intermediación financiera,  sigue debilitando la red publica hospitalaria y practica la inestabilidad laboral.

Wiltney Chavez, Secretario de Salud de la CUT, manifestó que en el proyecto sigue primando el aseguramiento privado, en vez de desarrollar una política publica de atención primaria, igualmente, promueve la desigualdad porque mantiene 2 regímenes diferentes.

Igualmente, el Ministerio de Hacienda busca el no pago de los recobros, y  solamente se presten los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), es decir, invalidar la tutela como mecanismo  jurídico para acceder a la salud, observó Wiltney Chavez.

Otro proyecto de ley busca elevar a norma constitucional, la sostenibilidad financiera de los recursos de la nación, es decir, cuando el déficit fiscal sea muy grande, el gobierno nacional podrá recortes del presupuesto y nadie lo puede impedir, lo cual coloca a la salud, educación,  y otros rubros de inversión social, como servicios que se adquieren según la capacidad de las personas.

La CUT, esta de acuerdo con el gobierno en buscar una reforma al sistema de seguridad social, la cual debe estar encaminada en reconocer  como derecho fundamental a la salud, y garantizar la atención a cualquier persona que lo requiera independientemente de su capacidad de pago.

Asimismo, el estado debe jugar un papel fundamental, no solo de rector del sistema, sino ademas, un regulador del servicio de salud, así como garante y prestador. Se debe romper con la intermediación financiera y parar la privatización de la red hospitalaria publica.

De igual manera, se debe garantizar la autonomía al personal de medicina, y a los trabajadores  se les debe respetar sus derechos y brindarles la oportunidad de una estabilidad laboral duradera.

Mientras se mantengan vivas las definiciones de la ley 100, no habrá una solución real ni efectiva al modelo de salud, es necesario partir de un modelo que reconozca la universalidad y la gratuidad del servicio, no un sistema que discrimina a las personas por su capacidad de pago.