{image}http://eldia.co/images/stories/080611/002.jpg{/image}Luego de dos meses de destapada la “olla” del sector salud, el presidente Juan Manuel Santos declaró que se iniciaran acciones de evaluación frente a las actuales Entidades Prestadoras de Salud-EPS, con el fin de depurar las empresas del sector.

Santos promete acabar con el problema de corrupción, para lo cual encargó al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia de Salud la evaluación de los indicadores de calidad y viabilidad financiera de las EPS.  Aquellas que no alcancen los estándares, se les demuestre casos de corrupción o que no tengan recursos, desaparecerán.

La propuesta, aunque provocadora y populista,  no dimensiona el problema real del sector salud en Colombia y tampoco brinda elementos claros acerca del como esto resolverá el problema de la corrupción o la calidad en el servicio. Cerradas las EPS , ¿Quien asumirá la prestación del servicio?, ¿Como sera la transición entre una empresa y otra?, ¿Antes que pensar en cambiar de empresa no seria pertinente cambiar de modelo?

Yesid Camacho, presidente de ANTHOC,  sugiere que en vez de seguir la propuesta hecha por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas-ACSC, organización que agrupa a 38,000 médicos especialistas organizados en 54 sociedades, de declarar la emergencia del sector salud, es necesario declarar inconstitucional el estado de cosas en el sector, lo cual esta en manos de la Corte Constitucional. Con esa declaración es posible pensar una profunda reforma administrativa y jurídica del sector, que permita devolver a la salud y la seguridad social su carácter de derecho fundamental, y no de servicio y mercancía como ocurre en la actualidad.

Según la ACSC se ha focalizado el problema del dinero y las cifras, en la crisis que afronta la salud, dejando de lado la discusión frente a la calidad del servicio. Es preocupante  que han regresado las enfermedades transmisibles que se creían controladas, han aumentado las tasas de mortalidad infantil, se ha desdibujado la relación medico paciente y se ha dejado a un lado la detección precoz y la intervención temprana.

Es fundamental entender que la corrupción en el sector, y las nefastas consecuencias que acarrea,  deviene del mercadeo a que ha estado expuesta la salud de los colombianos, la cual ha sido agenciada  por la clase política que hoy, hipócritamente, denuncia y se sonroja frente a los robos, malos manejos y desfalcos. Las reformas y los modelos que han permitido la implementación de mafias institucionales, fueron diseñadas e implementadas por esa clase política que es la autora intelectual del desfalco, y que, valdría la pena investigar y comprobar como ha sido la forma en que ha recibido su “cuota” por los autores materiales de la corrupción.