{image}http://eldia.co/images/stories/140611/005.jpg{/image}El Hospital Federico Lleras Acosta, primer centro asistencial del Tolima y segundo del País, afronta la crisis económica producto del no pago oportuno de las EPS quienes les adeudan 84.000 millones de pesos.
La estrategia política de ahogo financiero de la red publica hospitalaria, responde a las presiones que grupos políticos y económicos, que, auspiciados por la legislación que permitió el llamado carrusel de la contratación, han desfalcado al sector salud, y, ahora, buscan cerrar los pocos hospitales públicos que quedan, para hacerse del negocio completo de la salud y la seguridad social en Colombia.
Las EPS le adeudan a este centro asistencial la astronómica suma de más de 84 mil millones de pesos, y el hospital tiene deudas pendientes por 49 mil millones. En el primer trimestre de 2011, facturó alrededor de 30 mil millones de pesos de los cuales solo ha recibido 1.500 millones. La gobernación del Tolima le adeuda 12.000 millones desde hace tiempo, y, por facturación de los últimos meses son 9.900 millones. El total supera los 22.000 millones de pesos.
A razón de la crisis financiera del hospital, una comisión de funcionarios de la Superintendencia de Salud visitó el jueves 9 y viernes 10 de Junio las instalaciones del mismo, buscando recoger las quejas de la comunidad para dar lugar a la intervención. Según Nelsy Gómez presidenta de ANTHOC Tolima, de 16 instituciones hospitalarias que han sido intervenidas por la Supersalud solo dos no han sido privatizadas. La visita culmino favorablemente para el hospital pues las quejas presentadas fueron contra las EPS, la Policía Nacional y el Ejercito Nacional.
La problemática de la salud en Colombia radica en el modo en que esta estructurado la administración del sector, por lo cual es preciso generar movilización social y presión popular que logre modificar el PND, y, en general, el modelo administrativo devolviendo a la salud el lugar de derecho fundamental del cual el Estado debe ser garante, eliminando a las EPS como intermediarias, disponiendo los mecanismos adecuados que impidan su corrupción e impulsen una excelente prestación del servicio.
Un gran numero de trabajadores del hospital, entre médicos, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y personal de servicios generales ha debido recurrir en varias ocasiones al cese de actividades para protestar por el no pago de varios meses de salarios adeudados, e, incluso, no son pocos los que han renunciado pues no toleran prestar los servicios de ese modo. En la actualidad a los trabajadores de planta se les adeudan dos meses de salario, y a los de cooperativa tres meses.
A pesar de las estratagemas del Gobierno departamental y nacional, el Lleras sigue funcionando, prestando los servicios a los ciudadanos, pues en últimas son ellos lo principales afectados que no tienen por qué pagar la ineficiencia y corrupción de las EPS del régimen subsidiado y contributivo del país.
