{image}http://eldia.co/images/stories/280611/009.jpg{/image}Desde el pasado 22 de junio de 2011, los trabajadores del hospital Federico Lleras de Ibagué se encuentran en asamblea permanente porque se le adeudan  cinco meses de salario, además, la situación administrativa y financiera de la entidad de salud es bastante critica.

Yesid Camacho, Presidente Nacional de ANTHOC,  manifestó que las exigencias de los trabajadores no han sido escuchadas por el gobernador del Tolima, el cual ha manifestado que no habrá acercamientos entre las partes sino después de la próxima semana.

La situación del Hospital Federico Lleras es traumática, donde el departamento le adeuda 12 mil millones de pesos, igualmente Caprecom le debe 15 mil millones de pesos y las diferentes Empresas Promotoras de Salud (EPS) tienen una cartera morosa con la entidad de aproximadamente 40 mil millones de pesos.

ANTHOC denuncia la actitud hostil de la fuerza publica, quien el pasado 23  de junio arremetió contra la movilización realizada en Ibagué por los trabajadores del Federico Lleras, donde atacaron cobardemente a enfermeras, auxiliares de enfermerías, médicos, entre otros, donde varios manifestantes presentan traumas debido a los golpes recibidos por parte de la Policía.

Asimismo, en la movilización, hubo varios miembros de la fuerza pública armados hasta los dientes con fusiles, lo cual atenta contra los derechos humanos, además, en Colombia le es prohibido a la Policía Nacional estar con armas de largo alcance en las manifestaciones de los trabajadores.

Los trabajadores del Hospital Federico Lleras continuaran en asamblea permanente independientemente de las fiestas  de la región, mientras no se arregle la situación financiera y administrativa de la entidad y hasta recibir sus respectivas remuneraciones salariales.

La quiebra de la red hospitalaria pública nacional y  el enriquecimiento de entes privados con los recursos destinados a la salud,  seguirán mientras la ley 100 de 1993  siga siendo el motor principal del modelo de seguridad social, por tanto, hacemos un llamado al gobierno nacional a cambiar la normatividad existente y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país, especialmente la salud y educación.

 

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