{image}http://eldia.co/images/stories/180811/001.jpg{/image}El operario de mantenimiento  Luis Gonzaga Vanegas, quien ha laborado por más de 20 años en el hospital María Inmaculada  en Florencia-Caquetá, fue sancionado a 10 años de inhabilidad en la prestación de servicios con entidades públicas, por disposición de la Procuraduría General de la Nación.

El problema proviene de 2003, cuando Gonzaga fue condenado  por el juzgado tercero penal del circuito de Florencia, a tres años de cárcel y tres de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones publicas, pues fue encontrado culpable del delito de cohecho impropio.

Pese a la inhabilidad que sobre el operario pesaba, este siguió vinculado al hospital por medio de un contrato a término indefinido.

Fue hasta el 18  de enero de este año cuando el coordinador de control interno disciplinario del hospital María Inmaculada develo la situación del funcionario remitiendo copia a la Procuraduría General de la Nación, quien profirió una nueva sanción por diez años, calificando la actuación como “gravísima a titulo de dolo”.

Wilfredo Parra, asesor jurídico de ANTHOC Florencia, destaco que si bien el funcionario incurrió en una irregularidad, la responsabilidad principal recae sobre las directivas del hospital pues son ellas las encargadas de dar cumplimiento al acto administrativo que pesaba sobre Gonzaga.

Por su parte la procuraduría argumento que si bien el hospital debía  aplicar la inhabilidad, el implicado no podía hacer caso omiso de su condición “No le bastaba esperar pacientemente la actuación de la administración, sino que debió requerirla para expedir el acto administrativo correspondiente”, puntualizó la sentencia de la PGN. La procuraduría también señalo que iniciara investigaciones sobre los funcionarios del hospital encargados de dar cumplimiento al fallo.

Finalmente, Parra señalo que en el derecho disciplinario se contempla que la responsabilidad se configura en relación con la ignorancia de la norma, bien por incapacidad física o por falta de  formación académica. Así las cosas, la  responsabilidad del operario tendería a desaparecer y recaería sobre el hospital, lo cual debería repercutir en la sanción impuesta a Gonzaga. A juicio del asesor jurídico se le dio un manejo mas político que jurídico al hecho, lo cual habla muy mal del andamiaje jurídico y penal colombiano.