Al parecer la pequeña frase que acompaña las siglas que representan la imagen del ISS no coincide con las determinaciones del gobierno en extinguir la entidad. La Empresa Social del Estado Rita Arango es la quinta ESE que liquida el gobierno en los últimos doce meses.

 

Se le suman la José Prudencio Padilla, de la Costa Atlántica; la Rafael Uribe Uribe, de Antioquia, Córdoba y Chocó; la Policarpa Salavarrieta, de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta y Caquetá; y la Luís Carlos Galán, de Bogotá.

Es indiscutible la meta de vender al mejor postor la infraestructura de las clínicas y ESE del Seguro Social, donde casi dos millones de usuarios y unos 3.000 trabajadores han quedado prácticamente a la deriva.

Cuál será la verdadera razón por la que el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez ha tomado semejante decisión, a pesar de la buena administración de las ESEs. El Instituto del Seguro Social administra recursos por un valor de 10,8 billones de pesos, una cifra absolutamente tentadora,  ¿ésta es la motivación de la privatización?.

Como si se tratara de un operativo delictivo, la policía impidió el ingreso normal de los trabajadores, el día de ayer a las instalaciones de la Rita Arango; acordonaron el lugar y con lista en mano enviaron a cada uno de los funcionarios a los auditorios del SENA del barrio Galán en Armenia para exponer las determinaciones.

Luz Amparo Morales, abogada laboral resaltó que la liquidación dura alrededor de un año en la que los desvinculados podrían ser llamados para realizar la misma u otras actividades.

 “La totalidad de los servidores públicos continuará ligada hasta tanto se realicen los trámites de supresión de cargos, que se derogan a través de un decreto que debe ser firmado por el presidente Álvaro Uribe Vélez”.

Doce meses tendrán que esperar los trabajadores para que se defina su situación.
El presidente de Sintraseguridadsocial Carlos Alberto Álvarez Gallego, dijo que en el proceso de liquidación se da un periodo de unos meses para suprimir cargos, trabajadores oficiales y algunos administrativos son los primeros en ser eliminados.

“Derecho a indemnización sí hay, porque está aprobada en la ley y por convención colectiva, pero lo que tiene que ver con la posibilidad de un reenganche eso sí se deja en duda, pues de todas las que se han sufrido en este proceso no ha existido ningún caso donde se haya recontratado un trabajador oficial en la nueva empresa”, añadió.

La propuesta que tiene para los trabajadores es una desfachatez, existe un “plan” creado por el gobierno en el 2003 llamado Programa de Adaptación Laboral (PAL), que capacita a los trabajadores para la creación de empresa por intermedio del SENA.

Carlos Alberto Aguirre, subdirector del Sena regional aclaró que la función que tendrán, será dar soporte en este proceso de cambio con el Programa de Adaptación Laboral, (PAL).

“La idea es que con lo que reciban de indemnización generen sus propios negocios, o que realicen trabajos de readaptación laboral con el objetivo que conozcan y se actualicen sobre las nuevas tecnologías para que cuando lleguen a sus nuevos puestos lo puedan desarrollar con eficiencia”, aseveró.

El presidente de Sintraseguridadsocial comentó: “frente a la enseñanza que ofrecerá el Sena, la mayoría es de edad avanzada y que difícilmente estudiaron cuando fueron jóvenes, como para pensar que después de unas clases se podrá montar una empresa”.

Es deprimente ver como el estado arrasa con las empresas dejando a su paso miles de personas a la deriva.