La próxima asamblea nacional de Anthoc tendrá una connotación especial ante la coyuntura actual por la que atraviesa el sector salud. Frente a la arremetida del gobierno nacional, la Asamblea tomará definiciones políticas, que concretará pronto, pues ya se ha avanzado en muchas de ellas.

El gobierno nacional ya no solo insiste en mantener el actual sistema de salud, sino que busca profundizar ese modelo de mercado, donde ganarán más las EPS y cerrarán más hospitales. Hacia esta última dirección se dirigen los planes de saneamiento fiscal y financiero que está aplicando; los cuales son una reproducción del modelo de reestructuración que fue aplicado hace 14 años y que fue declarado inconstitucional por la Corte en ese momento. En ese plan todas las medidas conducen al cierre de los hospitales.

Yesid Camacho, fiscal de Anthoc nacional, sostiene que tal modelo es “la negación absoluta de la estabilidad laboral de los trabajadores. Se acerca la masacre laboral más grande en el territorio colombiano para los más de 680 hospitales que están en mediano y alto riesgo de liquidación”.

Un caso ejemplar es el del Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde el gerente está contratando a los especialistas por eventos con un compromiso de pagarles a los 30 días de la realización, mientras que por evento no recauda ni el 70% de lo que le factura a las EPS. Lo anterior quiere decir que por cada actividad el hospital perderá un 30% de lo invertido. Como acotación adicional, un juez ordenó la detención preventiva por 72 horas del agente interventor del hospital porque no acató una tutela a favor de un paciente.

Todos estos cambios han llevado a una gran cantidad de violaciones a los derechos de los trabajadores, como negación de primas y de convenciones colectivas, entre otros. El problema es tan grave que afecta también a las entidades privadas, pues desregulariza más la relación laboral en el sistema de salud.

Frente a tan desolador panorama, Anthoc tomará decisiones fundamentales para la salud de los colombianos, el bienestar de los trabajadores y la existencia misma de la organización sindical.

Camacho afirma: “A los liquidadores no les vamos a regalar nuestros derechos. Por esa razón, vamos a iniciar las acciones para reclamarlos. Vamos a presentar una acción de cumplimiento de todas las normas en materia de formalización de los empleos, de vinculación de los trabajadores a las plantas de personal. Vamos a demandar la nulidad del decreto que establece las plantas temporales y vamos a demandar la nulidad de todos los actos administrativos que establecieron los acuerdos de saneamiento fiscal y financiero”.