{image}http://imagen.eldia.co/cache/logos/anthoc_595.jpg{/image}Hemos tenido conocimiento del desmonte gradual y paulatino de la responsabilidad de proteger la vida y la integridad física de sindicalistas. Sorpresivamente y de manera unilateral el Ministerio del Interior en un CERREM extraordinario , sin consultar a los dirigentes y organizaciones por ellos representadas, se decide a través de la Resolución Administrativa No. 048 del 27 de julio de 2012, el recorte al valor mensual de combustibles de los esquemas de protección dura en más del 50 %, lo que contribuye a generar mayor vulnerabilidad y fragilidad para el ejercicio de la labor de los dirigentes sindicales en regiones y áreas de alto riesgo.  

El propio gobierno admite que se ha mantenido presencia paramilitar en 406 municipios del país, más de 70 víctimas de crímenes de Estado, reclamantes de tierras que pedían protección han sido asesinadas, trabajadores petroleros y mineros han sido asesinados en las últimas semanas en Putumayo, Arauca y Casanare en medio de un conflicto creciente, que los ubica como escudos humanos; cientos de trabajadores y dirigentes están amenazados por grupos paramilitares en distintas regiones del país. En el caso concreto de ANTHOC en lo que va corrido del presente año hemos tenido que afrontar diferentes infracciones y violaciones a los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Misión Médica por parte de diferentes actores armados que se expresan: en  22 amenazados, dos (2) desapariciones, un (1) asesinato, tres (3) desplazados, y más de cinco acciones contra las instalaciones y equipos de la misión médica. 

Los compromisos del gobierno en la OIT para ampliar y fortalecer la protección de líderes sindicales y sociales, lo mismo que con el gobierno de los EE.UU como condición para que aprobara el TLC, no solo no se cumplieron sino que los esquemas de protección avanzan en sentido contrario, por la vía de los recortes críticos y la liquidación, mientras los riesgos crecen, por lo que rechazamos vehementemente cualquier política tendiente a desmontar y debilitar las medidas de protección ordenadas en algunos casos por los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o por las autoridades nacionales, por tanto, exigimos se garanticen efectivamente el derecho a la protección personal de todos los dirigentes sindicales, sociales y defensores de derechos humanos.
No siendo otro el particular, me suscribo de Usted.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
A N T H O C

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BURGOS
Segunda Vicepresidenta

JUAN BAUTISTA OSORIO JIMENEZ
Tesorero

WILLIAM VANEGAS CORREDOR
Secretario de Actas


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