“Uno no entiende cómo la justicia colombiana tiene tantas falencias, cuando sabemos que se establece de acuerdo al Artículo 63 de la Carta Política, los bienes de uso público no pueden ser embargados por ningún mecanismo. Entonces, uno entiende que la justicia colombiana cojea y viola demasiado”, señaló María del Carmen Mayuza, Secretaría General de Anthoc nacional.
El embargo es una medida tomada ante una serie de demandas, que fueron puestas en el año 1996 por no haber cancelado a tiempo unas cuentas y hasta ahora se avanza en el proceso. Al parecer, corresponden a irresponsabilidades de las administraciones anteriores. Por fortuna, la gerente de la institución, Luz Elena Hernández, pudo orientar las medidas para que se desembargaran las cuentas de manera oportuna.
Mayuza reiteró: “Estamos denunciando ante todos los organismos del Estado ese absurdo de haber embargado las cuentas. Mí llamado a todas y cada una de las entidades de orden público es a que no pueden permitir que se embarguen los recursos públicos, de acuerdo a las recomendaciones tanto políticas como jurídicas, y especialmente las que hace la Contraloría General de la República el 13 de julio del 2012. Están atentando directamente contra los servicios de las poblaciones más necesitadas del país”.
