El texto contiene 9 capítulos y 68 artículos. Yesid Camacho, Fiscal de Anthoc Nacional, advierte que es “un proyecto del que nadie conoce el contenido, excepto el mismo gobierno, el ministro y sus asesores. Conocemos algunos ejes, el planteamiento que ha hecho el Ministro, y el que el Presidente de la República señalaba, que se van a acabar las EPS, lo que no es cierto. Lo que se va a hacer es cambiar la función de intermediación de las EPS, van a hacer otro tipo de intermediación”.
Más o menos, lo anterior se traduce en que si bien va a haber un pagador único y un afiliador único a nivel nacional, las EPS van a ser un intermediador entre ambos, porque se constituyen en una especie de auditores de las facturaciones que hagan las instituciones hospitalarias, lo que puede convertirse en un factor de riesgo para los ingresos de las prestadoras de los servicios de salud. Además, van a tener su propia red de prestación de servicios y van a facturarle servicios al pagador único que se creará. Así que la esencia del problema, que es la intermediación, no se solucionará.
“También se ha hablado de que el manejo del régimen subsidiado les será entregado a las entidades territoriales. Tenemos cierta preocupación sobre ese tema. Creemos que a manera de transición lo puedan hacer las entidades, pero debe haber un operador del régimen, debe ser público, pero no debe estar en cabeza de una sola persona o ente. Hemos propuesto que sea una entidad corporativa, donde haya múltiples participantes. Sea una asociación de entidades públicas, entre departamentos, municipios, hospitales, la que se encargue de hacer la asociación y prestar el servicio a la población. Esto ligado a criterios de atención primaria en salud. También, debe dividirse el país por requerimiento poblacionales”, agregó Camacho.
En esencia lo que se asume de la postura del gobierno es que, como hay un proyecto de reforma que transforma a la salud en un derecho fundamental, se le adelantó al paso y presentó su propio proyecto para salvar a las EPS, que podrían pasar a ser “gestoras de salud”. Las acabará, pero dándoles una función donde puedan ganar más, perder menos y no estar al frente de la palestra pública.
Entonces, en esencia, la reforma no contempla que la salud no deje de ser un negocio, sino que será otro tipo de negocio. “Lo más importante es que la salud deje de verse como la salud de los enfermos, sino como garantías de bienestar en condiciones dignas de la población. Y que está cruzada con salud pública, agua potable, educación, manejo de desechos, medio ambiente, y otros determinantes sociales, y no hay una disposición del gobierno para atender estos temas”, finalizó Camacho.
