La conclusión y lo paradójico de este proyecto es que no se pretende acabar con la famosísima Ley 100, lo que busca es cambiarles el nombre a las EPS por Gestores de Salud; así sean las mismas que han comprado clubes, fincas, medios de comunicación… con los recursos de la salud de los colombianos. Como el problema es que estas “pobres empresitas no tenían platica”, entonces les van a dar más recursos y menos vigilancia.
Como lo dice el conocido adagio “es peor el remedio que la enfermedad”. Para hacerlo más comprensible,es como si el dueño de una tienda contrata una persona para que la cuide, este persona se queda con las ganancias del producido y quiebra la tienda; cuando el dueño se dacuenta, de ‘reprimenda’ le duplica el sueldo y no le pide cuentas. Así será este negocio del Estado con los recursos de salud, que son un derecho de todos los colombianos.
Los senadores argumentaron que la Ley 100 no fue un fracaso en su totalidad; que la corrupción en el sistema de salud hace 20 años era peor de lo que se está viviendo ahora y que las EPS han funcionado como intermediarias ante la corrupción del Estado. Ante tal cinismo de los congresistas, es necesario preguntarse si el problema del sistema en un principio era la corrupción en su interior ¿por qué no aplicar medidas para acabar con esa burocracia?
En vez de ello, están avalando a una burocracia peor, sólo que en el sector privado. En Colombia, la red pública no la gerencia ni los trabajadores, ni las enfermeras, ni los pacientes, la administran funcionarios relacionados con el clientelismo, donde salta la duda de quiénes serán verdaderos dueños del ‘negocito’ de la salud de los colombianos. Entonces, está más que evidenciado que el Estado no necesita de intermediarios para acabar con la clientela de la politiquería de nuestro país.
En este contexto, la posición de las organizaciones sociales y sindicales es mucho más valedera. Colombia necesitamos un modelo de salud sin intermediarios, que los recursos de la salud se giren directamente a la red pública hospitalaria. El estado debe responsabilizarse con la fiscalización directa de estos recursos que se le girarían a los hospitales.
