Desde el momento en que surgió esta propuesta, algunos senadores argumentaron que el problema de la salud es que hace 20 años era más lo que se robaban los hospitales que lo que se han podido robar con la Ley 100. Sin embargo, la CUT aclara que en el periodo en que se han girado los recursos a las EPS para que ellas, a su vez, paguen por capitación a los hospitales, lo que se ha encontrado son las denuncias interminables de los trabajadores y de las organizaciones en las cuales los recursos en manos de las EPS se han desaparecido o han sido desviados; como en el caso de Saludcoop, donde recursos de la salud terminaron financiado campos de golf y equipos de fútbol.
Francisco Maltés, directivo de la CUT, dice que antes de hacer ese cambio, debe precisarse “que los gerentes de los hospitales sean nombrados por concurso de méritos, teniendo en cuenta el Artículo 125 de la Constitución Política y que los controles tanto sociales por parte del Estado sobre el manejo de las finanzas se perfeccionen; porque lo que no es menos cierto es que en medio de las circunstancias, la Superintendencia de Salud no supo advertir a tiempo el robo de los recursos por parte de las EPS o de sus gerentes”.
De igual forma, cursa en el Congreso el proyecto de Ley 201 del Senado, conocida como la Ley General de la Salud. El día jueves, la CUT, en concordancia con las demás centrales obreras, planteó una serie de propuestas para ser incluidas en este proyecto.
Maltés dice que dicha propuesta está relacionada con varios puntos. En primera instancia, que el gobierno asuma las deudas de las EPS, que ya se declararon en quiebra, con los hospitales; en una mora que ronda los 1.7 billones de pesos. La segunda propuesta es que el gobierno pague las nóminas de los trabajadores de la salud, al igual que lo hace con los docentes; toda vez que son pagos que salen del Sistema General de Participación y contemplados en la Ley 715.
Tercero, el impuesto a las transacciones financieras del 4 por mil no se debe desmontar sino que el 50% de lo recaudado contribuya a financiar la salud; serían cerca de 2.5 billones de pesos al año que aliviarían la crisis actual. Cuatro, las facultades que se le piensan conferir al Presidente de la República y que aparecen en el Artículo 80 de dicho proyecto, sean ejercidas de una manera concertada con el movimiento sindical en el capítulo laboral para evitar una masacre laboral en el sector de la salud.
Y quinto, “sin compartir el criterio de la intermediación, creemos que debe existir la posibilidad legal que en cualquier región del país, existan gestoras de carácter público y que se puedan asociar con las empresas sociales del Estado, en el tema del aseguramiento”.
