En las negociaciones con el sector salud se conformó una subcomisión para analizar las políticas salariales, la cual se está reuniendo periódicamente. Hacen parte de ella el viceministro de salud, viceministro de relaciones laborales, la Función Pública, representantes de los gremios, especialmente la ANIF, y representantes de las tres centrales obreras.
De allí surgió el acuerdo para retirar los 18 artículos que modificaban el régimen laboral.
En este momento se está discutiendo el texto del artículo que le da facultades al Presidente de la República, para estas estén condicionadas al respeto de la estabilidad laboral, de los derechos adquiridos y, en general, de los principios del Artículo 53 de la Constitución.
Así mismo, se ha establecido el compromiso político que el decreto ley que expedirá con base en esas facultades sea concertado con la comisión de políticas laborales y salariales a nivel nacional; de tal manera que sea el resultado de una negociación.
Aún hay temas que son motivo de discrepancia, como la intermediación, las EPS y la deuda con los hospitales públicos y privados, que sumadas alcanzan los 12 billones de pesos; también cómo van a seguir las redes de prestaciones de servicios, que tal como están en el proyecto de ley se encontrarán condicionadas a las decisiones de las empresas prestadoras y no de las entidades territoriales.
Desde diferentes flancos, como el movimiento campesino y ANSA, hay peticiones para retirar el proyecto de ley, pero el gobierno tiene compromisos adquiridos, por lo cual le interesa que este proyecto salga adelante. Yesid Camacho, Fiscal de Anthoc, sostiene: “Si el proyecto de ley sigue, lo mínimo es lograr que sea lo menos dañino posible para los hospitales, a los trabajadores y a la población, también recuperar la cartera de los hospitales y que no se sigan robando los dineros. Entendemos claramente que no tenemos la correlación de fuerzas para tumbar el proyecto de ley, porque desafortunadamente la gente dice que no está de acuerdo pero a la hora de llamar a la movilización a los colombianos, la población no responde”.
