{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/220708/salud.jpg{/image}Por razones de “interés público”, se abre una discusión en torno a la propuesta del Ministerio Público ante el Ministerio de Protección Social, en aplazar indefinidamente la ejecución de la Planilla Integrada de Autoliquidación PILA, argumentando las implicaciones negativas para los usuarios.

 

La propuesta surge después de haber observado con detenimiento los resultados de las actividades de seguimiento realizadas por el Ministerio Público, que demuestran y argumentan las razones primordiales que llevaron a la  Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, a solicitar dicho aplazamiento.

En primer lugar, "Resulta contrario a la Ley el gravamen que pretende imponer un costo al usuario, cuando estos en virtud de la ley de seguridad social no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización o aporte al sistema en la cobertura de cada riesgo".

La Procuraduría señala que “el Ministerio de Protección Social no cuenta con ningún mecanismo que permita controlar efectivamente los operadores no autorizados, que de manera inconsulta y unilateral decidieron cobrar por la operación para el pago de los aportes, "lo cual genera una cadena de corrupción y de irregularidades".

Es importante y fundamental adecuar los contenidos de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes a los contenidos legales, principalmente en cuanto a la categoría de cotización por terceros que no esté prevista de manera expresa en la ley y es una figura, que podría permitir fraudes a la seguridad social.