{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/020908/desechos.jpg{/image}En los dos últimos meses se ha hecho pública la irresponsabilidad en la disposición final de desechos hospitalarios. Hasta el momento ningún funcionario público, ni privado ha dado respuesta a esta crisis ambiental.
En Villa rosita un barrio popular de Cartagena, y en las Malvinas de Barranquilla, se hallaron las primeras toneladas de desechos hospitalarios. La alarma no se hizo esperar, entre estos residuos había resultados patógenos, jeringas, bolsas quirúrgicas y otros elementos de alta peligrosidad, sobre todo para la curiosidad de los niños de estos asentamientos urbanos. Hoy fueron hallados en un barrio de Buenaventura un centenar de jeringas a pocos metros del hospital departamental y de un hogar infantil. La situación parece extenderse como una epidemia a lo largo de la geografía nacional.
Lo más alarmante de todo esto fue lo hallado por autoridades del departamento del Tolima en un barrio de Ibagué. El hallazgo de tres toneladas de material hospitalario reciclado – si, reciclado – lavado, clasificado y listo para enviar a Bogotá. Al parecer el hombre que fue sorprendido en la bodega llevaba quince años en el oficio, Paradójicamente son los mismos quince años que cumple la ley que reforma el sistema de seguridad social. El hombre compraba en pueblos tolimenses los desechos a mil pesos el kilo, para revenderlos a mil quinientos pesos en fábricas bogotanas.
Este hecho demuestra varias cosas. En primer lugar se deja en evidencia el grado de desregulación y la falta de vigilancia en que se encuentra el derecho fundamental a la salud, pues ha pasado más de un mes desde el primer hallazgo y aun no se conoce públicamente a los irresponsables. En segundo lugar, vemos que el motor que ha movido a lo largo de quince años el sistema general de salud, se extiende a engranajes económicos de tipo informal. Es decir, el mismo criterio con el que funcionan las EPS y el sector privado, un criterio predominantemente económico y financiero, ha logrado penetrar la agudeza mercantil de sectores de la llamada economía del rebusque. ¿A dónde va a parar una sonda reciclada? ¿Qué clase de paciente recibe una vacuna con una jeringa reciclada?
Los riesgos asumidos por poblaciones ubicadas en las periferias urbanas no están sujetos a consideraciones de tipo ético por los concesionarios que han propiciado esta crisis ambiental y de salud pública. Estos habitantes urbanos están siendo expuestos a epidemias y contagios por la irresponsabilidad y el vacío jurídico creados en la figura de las concesiones en la recolección de residuos hospitalarios. También hay un vació muy grande en el control social que debe ejercer los ciudadanos colombianos. Pero no sólo como un ejercicio de denuncia, sino como un pronunciamiento que obligue a las autoridades a mostrar resultados en la investigación, a que haya responsables públicos y correctivos legales, incluso el cierre a las empresas que ponen en peligro la salud de los colombianos.
No deja de ser contradictorio que a mayor margen de ganancia en las EPS, las externalidades negativas del “negocio de la salud” sean socializadas con la población vulnerable urbana.
Lo más alarmante de todo esto fue lo hallado por autoridades del departamento del Tolima en un barrio de Ibagué. El hallazgo de tres toneladas de material hospitalario reciclado – si, reciclado – lavado, clasificado y listo para enviar a Bogotá. Al parecer el hombre que fue sorprendido en la bodega llevaba quince años en el oficio, Paradójicamente son los mismos quince años que cumple la ley que reforma el sistema de seguridad social. El hombre compraba en pueblos tolimenses los desechos a mil pesos el kilo, para revenderlos a mil quinientos pesos en fábricas bogotanas.
Este hecho demuestra varias cosas. En primer lugar se deja en evidencia el grado de desregulación y la falta de vigilancia en que se encuentra el derecho fundamental a la salud, pues ha pasado más de un mes desde el primer hallazgo y aun no se conoce públicamente a los irresponsables. En segundo lugar, vemos que el motor que ha movido a lo largo de quince años el sistema general de salud, se extiende a engranajes económicos de tipo informal. Es decir, el mismo criterio con el que funcionan las EPS y el sector privado, un criterio predominantemente económico y financiero, ha logrado penetrar la agudeza mercantil de sectores de la llamada economía del rebusque. ¿A dónde va a parar una sonda reciclada? ¿Qué clase de paciente recibe una vacuna con una jeringa reciclada?
Los riesgos asumidos por poblaciones ubicadas en las periferias urbanas no están sujetos a consideraciones de tipo ético por los concesionarios que han propiciado esta crisis ambiental y de salud pública. Estos habitantes urbanos están siendo expuestos a epidemias y contagios por la irresponsabilidad y el vacío jurídico creados en la figura de las concesiones en la recolección de residuos hospitalarios. También hay un vació muy grande en el control social que debe ejercer los ciudadanos colombianos. Pero no sólo como un ejercicio de denuncia, sino como un pronunciamiento que obligue a las autoridades a mostrar resultados en la investigación, a que haya responsables públicos y correctivos legales, incluso el cierre a las empresas que ponen en peligro la salud de los colombianos.
No deja de ser contradictorio que a mayor margen de ganancia en las EPS, las externalidades negativas del “negocio de la salud” sean socializadas con la población vulnerable urbana.
