{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/121208/sanrafael.jpg{/image}El Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, trabaja a media marcha después de la renuncia de 8 médicos, solo se le esta dando prioridad a los casos que ameriten una urgencia vital; se le suma a la crisis las amenazas recibidas por parte de grupos armados.
Anicio Jonás Mosquera director del Instituto Departamental de Salud del Caquetá, Idesac, dijo que “la situación es difícil a raíz de la renuncia de cinco médicos del servicio social obligatorio y el retiro de tres más”.
Agregó Mosquera que “la directora de la ESE, Gilma Espinoza, se reunió con el cuerpo médico y conoció sobre una llamada que habían recibido, en la que se les decían que no se garantizaba su integridad física si seguían trabajando, ellos asumieron la posición de renuncia por temor y para protegerse. San Vicente no está sin médicos, nosotros tenemos abierto el servicio de urgencias las 24 horas, lo que sucede es que no hay atención en medicina general”.
El secretario de Gobierno del departamento del Caquetá Edilberto Ramón Endo se pronuncio diciendo que “la crisis ha sido evaluada en un consejo de seguridad y la preocupación es que las alteraciones del orden público han afectado toda la zona norte, es decir, tanto en San Vicente como en Cartagena del Chairá se mantienen en alerta”.
“Por eso nos vamos a reunir con los alcaldes de San Vicente y Cartagena para tomar medidas al respecto”, manifestó el funcionario.“La amenaza es generalizada, hasta el momento no ha sido individual, es más, desconocemos de quién o quiénes proviene, tanto la intimidación contra los galenos como con los concejales y el mandatario sanvicentuno, por ahora hemos reforzado el pie de fuerza y estamos pidiendo a la comunidad que denuncie cualquier cosa extraña que descubran, no solo para evitar peligros sino también para contribuir con la seguridad”, Dijo.
La situación se complica desde el ataque del domingo en una carretera del departamento a funcionarios del Hospital de San Vicente de Caguán y del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), encargados de la política de familia y la niñez por presuntos miembros de las FARC.
Fueron asesinados el conductor al servicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y un psicólogo; tres miembros mas de la comisión quedaron gravemente heridos.
Se denunciará públicamente el atentado ante organismos internacionales, ya que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario y el Estado colombiano no garantiza la integridad de ninguno de sus nacionales pese al las amenazas recibidas.
Agregó Mosquera que “la directora de la ESE, Gilma Espinoza, se reunió con el cuerpo médico y conoció sobre una llamada que habían recibido, en la que se les decían que no se garantizaba su integridad física si seguían trabajando, ellos asumieron la posición de renuncia por temor y para protegerse. San Vicente no está sin médicos, nosotros tenemos abierto el servicio de urgencias las 24 horas, lo que sucede es que no hay atención en medicina general”.
El secretario de Gobierno del departamento del Caquetá Edilberto Ramón Endo se pronuncio diciendo que “la crisis ha sido evaluada en un consejo de seguridad y la preocupación es que las alteraciones del orden público han afectado toda la zona norte, es decir, tanto en San Vicente como en Cartagena del Chairá se mantienen en alerta”.
“Por eso nos vamos a reunir con los alcaldes de San Vicente y Cartagena para tomar medidas al respecto”, manifestó el funcionario.“La amenaza es generalizada, hasta el momento no ha sido individual, es más, desconocemos de quién o quiénes proviene, tanto la intimidación contra los galenos como con los concejales y el mandatario sanvicentuno, por ahora hemos reforzado el pie de fuerza y estamos pidiendo a la comunidad que denuncie cualquier cosa extraña que descubran, no solo para evitar peligros sino también para contribuir con la seguridad”, Dijo.
La situación se complica desde el ataque del domingo en una carretera del departamento a funcionarios del Hospital de San Vicente de Caguán y del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), encargados de la política de familia y la niñez por presuntos miembros de las FARC.
Fueron asesinados el conductor al servicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y un psicólogo; tres miembros mas de la comisión quedaron gravemente heridos.
Se denunciará públicamente el atentado ante organismos internacionales, ya que se trata de una violación al Derecho Internacional Humanitario y el Estado colombiano no garantiza la integridad de ninguno de sus nacionales pese al las amenazas recibidas.
