El año pasado en la resolución que expidió el Ministerio de Salud sobre calificación de riesgo financiero en los hospitales del país se mencionaba que había 680 hospitales en alto riesgo. En la resolución del presente año, aparecen un poco más de 200 hospitales en mediano y alto riesgo.

Para Yesid Camacho, fiscal de Anthoc nacional, esto revela una irregularidad. “Eso querría decir que el gobierno le resolvió el problema a 400 hospitales como mínimo en todo el territorio colombiano. Pero eso en el papel, porque ni hemos visto el flujo de recursos para solucionar esos problemas, ni hemos visto que el funcionamiento de los hospitales haya mejorado”.

Por el contario, encontramos hospitales como el de Cartago (Valle), donde hoy sus trabajadores se encuentran en huelga de hambre ante la inminente liquidación. También está la situación del Federico Lleras, de Ibagué, donde el interventor comprometió en el primer trimestre del año el 61% de los gastos de funcionamiento del hospital destinados para todo el año. Entonces, la crisis se está ahondando y las deudas de las EPS tampoco se resuelven, es más, están creciendo.

Adicionalmente está, como dice Camacho, la “gran deuda contingente, que no aparece en los estados financieros, por la gran cantidad de demandas que están en contra de los hospitales ante la tercerización laboral; el no respeto del principio de progresividad de los salarios, que se están reduciendo; por derecho a la igualdad salarial, porque los y trabajadores que están ingresando por tercerización ganan menos que otros de sus compañeros que cumplen las mismas funciones”. Y no se vislumbran posibilidades de formalización laboral.

El problema de que un hospital no aparezca ni en mediano ni en alto riesgo es que no ingresa al plan de saneamiento, es decir, no les dan plata. Sacar a todos esos hospitales significa que los recursos que podría haber para sanear cartera, pasivos y otros criterios, no serán destinados lo que conlleva a un riesgo de quiebra inminente.

El fiscal de Anthoc explicó el porqué. “El gobierno encontró que al calificar el alto riesgo en gran magnitud se le volvía un bumerán que no es capaz de soportar, el problema fiscal sigue existiendo, sigue estando ahí; lo que está haciendo el gobierno es ocultando una realidad fiscal, que no deberían ser 600 sino de los 900 que hay en el país. A nosotros, como organización sindical, nos va a tocar reiniciar las demandas penales, las acciones ante la Procuraduría; y prepararnos, si es necesario para en el segundo semestre, para una gran movilización, llamar a los trabajadores, a defender los hospitales, la salud y los recursos de la Nación”.