El departamento del Valle del Cauca atraviesa por una difícil situación en materia salud, en particular porque la actual gobernadora, Dillian Francisca Toro, no tiene mucha propensión por respetar el patrimonio público.

“Ya se ha demostrado el interés que tiene desde su nivel jerárquico, cuando fue senadora y hoy siendo gobernadora, por la privatización y liquidación de las entidades públicas”, dice Darwin Duque, presidente de Anthoc Valle del Cauca.

Conocido por el país es la problemática del Hospital Universitario del Valle. Pero hay dificultades en otros municipios, como en Ulloa, al norte del Valle, cuyo hospital Pedro Sáenz atiende a una población muy dispersa pero en municipios que sólo cuentan con esta atención en salud, particularmente prioritaria.

Dicho hospital ha estado muy cerca de su liquidación y privatización, precisamente por la falta de recursos, debido a los problemas de las EPS y los no pagos de los servicios que se prestan.

En Versalles, el hospital está pasando por una situación compleja en materia viabilidad. Fue reconocido nacionalmente por ser pionero en promoción y prevención. Recibe a una población entre las 7.000 y 8.000 personas eminentemente de la zona rural. Hace poco presentó un pedido ante la Superintendencia de Salud con el propósito de viabilizar la operatividad. Hoy está a esperas a que la Supersalud le responda.

Duque explica que la principal opción que tiene la entidad para reducir el tamaño de la prestación del servicio es disminuir la planta de personal. Esto depende de voluntad política.

“Este tipo de hospitales de primer nivel, en su inmensa mayoría, como el Hospital de Versalles, tienen grandes cargas prestacionales porque a veces los alcaldes y los concejales piden que les metan personal allí. En la medida en que no haya una voluntad para reducir este personal que llega a engrosar las plantas de personal y que se vuelve difícil pagarles, hace complicado el servicio y los afectados serán la población”.

En resumen, la crisis de la red pública en el Valle es cíclica porque la politiquería, por medio de la corrupción, acaba con los hospitales desde adentro y, luego, cuando los tiene al punto de la quiebra decide privatizarlos. Al final, los directamente perjudicados son los usuarios.