{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/290110/diegopalacio.jpg{/image}En el debate presentado ayer en el Congreso, la Emergencia Social en Salud decretada por el gobierno quedo mal parada ante los serios cuestionamientos provenientes desde distintas bancadas incluyendo voces del oficialismo.

Un primer aspecto a destacar es que los hechos sobrevinientes que impulsaron estas medidas no se pudieron demostrar, es decir la emergencia social no obedece a una situación momentánea o de coyuntura, sino que es resultado de un problema de todo el Sistema de Salud del país, es decir es un problema de fondo.

Otro aspecto importante que quedo claro en el debate es la responsabilidad del Estado y del gobierno y la actual administración, la situación que actualmente se vive en el país en materia de salud en buena parte recae en la responsabilidad del Estado.

Frente a la situación presentada el gobierno no propone ninguna solución lo que está haciendo con las medidas contenidas en los decretos emitidos, por el contrario conllevan a precarizar más el servicio y a acrecentar su privatización, todo esto en beneficio de terceros.

Con las medidas contenidas en los decretos expedidos el servicio en salud se tiende a la tercerización de la salud, la privatización del servicio. Se niegan los servicios especializados, los médicos generales pueden hacer tratamientos como cirugías. Y por otra parte, se busca anular la acción de tutela por el derecho a la salud.

El gobierno ahora llama prestaciones excepcionales a todas las necesidades médicas que quedan por fuera del POS –un POS nivelado por abajo, tanto del régimen contributivo como subsidiado- las cuales ahora, de prosperar estas medidas, serán costeadas por los usuarios haciendo uso de su patrimonio y su “capacidad de endeudamiento”. Quedan por fuera del POS cirugías o cáncer por ejemplo.

Otro aspecto, que ya hemos señalado son las limitaciones impuestas a los médicos para la formulación de medicamentos que se encuentran por fuera del POS, donde se reglamentan multas hasta por más de 20 millones a los galenos que incumplan esta norma.

Ante esta situación que amenaza la salud y la vida de los colombianos es necesaria una respuesta de los servidores y usuarios de la salud en defensa de un derecho que el régimen actual busca privatizar.