{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/130210/sal.jpg{/image}Luego de varias reuniones y conversatorios que el ente público ha iniciado para conocer las posibles fallas de lo hecho hasta ahora por el gobierno, la Procuraduría General de la nación decidió intervenir e investigar a los funcionarios responsables del empeoramiento de la crisis de la salud que vive el país.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, ordenó que se investiguen las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido servidores públicos del Ministerio de la Protección Social, con respecto a las contrataciones adelantadas por esta cartera con ocasión de la expedición de los Decretos de Emergencia Social.

El Ministerio Público se concentrará en la contratación de consultores o firmas especializadas para el diseño y posterior desarrollo de las normas y demás actos administrativos que se expidieron bajo el amparo de la Emergencia Social decretada en el mes de enero del presente año.

El Procurador también ordenó investigar las posibles irregularidades que se presentaron en los contratos efectuados para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, que hace referencia a la vulneración del derecho constitucional a la salud y que fueron puestos en conocimiento de la Procuraduría por parte del doctor José Félix Patiño Restrepo, médico y miembro de la Academia de Medicina, durante el conversatorio sobre el contenido de los decretos excepcionales expedidos bajo el amparo de la Emergencia, que se llevó a cabo en la Procuraduría el pasado cinco de febrero del año en curso.

Al igual, la Procuraduría explicó que los asistentes a las reuniones sostenidas la semana anterior, afirman que la salud en Colombia enfrenta graves problemas de orden estructural que sumados a los serios inconvenientes de flujo de recursos, generan una crisis inminente, barreras de acceso, calidad del servicio son problemas de tipo crónico que vienen generando una grave crisis en la salud.

El Plan Obligatorio de Salud y su actualización fue otro de lo temas objeto de debate. De acuerdo con lo expuesto por el Doctor Francisco de Paula Gómez, Presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, el POS no responde al actual perfil epidemiológico de la población colombiana, el cual ha cambiado sustancialmente según un estudio realizado al respecto, por lo cual urge su actualización en forma técnica y  adecuada.

El Doctor Gilberto Barón, consultor en salud, manifestó que los decretos van a disparar el gasto de bolsillo lo cual es regresivo para la economía.
Por su parte, el Doctor Leonardo Cañón, ex viceministro de Salud, Investigador y catedrático manifestó la necesidad de derogar esos decretos y hacer una gran convocatoria para atacar los problemas de fondo del sistema.

Otro de los aspectos coincidentes en estos dos conversatorios, fue el de la autonomía médica, la cual a juicio de los participantes se ha visto vulnerada con la expedición de los decretos, los cuales refieren unas guías o estándares para atender a los pacientes, y las cuales deben ser cumplidas so pena de sanciones pecuniarias.

En este sentido, el Tribunal de Ética Médica manifestó su preocupación y desacuerdo, tras señalar que esta medida, modifica de cierta forma el Código de ética médica, y modifica la naturaleza del Tribunal, pues los médicos estarán más preocupados por el aspecto monetario que por el ético.