{image}http://www.eldia.co/images/stories/140410/magistrados.jpg{/image}Todo indica que el próximo viernes 16 de abril, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejará sin piso los decretos de emergencia social  declarando inexequible la medida que pretende subsanar una crisis de años en la salud.

Con los decretos se trataba de  apagar un incendio en las finanzas de la salud, y de manera abusiva introducir  unas reformas al sistema que recortan servicios a la población, criminaliza el ejercicio médico y da mayores garantías a los intermediarios.

La Corte Constitucional analiza una ponencia negativa del magistrado Jorge Iván Palacio sobre la emergencia social a lo que suma el concepto negativo de la Procuraduría General.

El alto tribunal la semana pasada había desestimado una petición del presiente Uribe que le encarecía  recibirlo en audiencia para que escuchara sus suplicas de  salvar los decretos.

Según se ha filtrado  a los medios,  las violaciones al Artículo 215 de la Constitución Nacional hacen parte de los argumentos del magistrado Jorge Iván Palacio al proponerla inconstitucionalidad del Decreto 4975 de 2009, en que se sustenta la emergencia.

Las razones, consignadas en cerca de 390 páginas, le dan la razón a los contradictores de la propuesta gubernamental, y fueron puestas a disposición de sus ocho compañeros del alto tribunal.

Como sabe, los decretos publicados en diciembre pasado, concitaron la protesta generalizada del país, en primer lugar del todo el movimiento sindical que realizó grandes movilizaciones.

La ponencia, sin embargo, se cuida de dejar caminos abiertos para buscar soluciones a los problemas del sistema de salud colombiano. Uno de ellos sería dejar en manos del Congreso de la República la reforma que requiere hoy la seguridad social en salud.

El criterio del magistrado ponente se suma a las opiniones de expertos consignadas en el expediente, según las cuales inyectarle dinero al sistema, tal como se encuentra en la actualidad, sería depositar recursos en un saco roto.

Se habla de un déficit de 1.5 billones para el sector salud que pretende el gobierno salgan del bolsillo de los colombianos a través de impuestos a las bebidas alcohólicas, tabaco y juegos de azar.

Un dilema central que discutirán los magistrados tiene que ver con las normas que se relacionan con tributos. Las discrepancias apuntan a que de dejar pasar dichas propuestas se afectaría el bolsillo de sectores sociales ya golpeados por la situación económica.

Para el Procurador, la crisis en la salud por la que atraviesa el país no se debe al origen de los recursos sino al flujo de los mismos, así como a la falta de actualización del POS, la afiliación estancada para el régimen contributivo, la falta de mayor inspección, vigilancia y control y a problemas de corrupción, entre otros aspectos.

Para todos los analistas, los problemas del Sistema General de la Seguridad Social en Salud no son “emergentes”, sino que vienen de vieja data; son crónicos y estructurales. Y aunque el Gobierno los dejó crecer durante los últimos años, están lejos de poderse catalogar como “hechos sobrevinientes”.

Hace año y medio la Corte Constitucional dictó una importante sentencia (la T-760 de 2008), en la cual impartió órdenes de obligatorio cumplimiento a todos los agentes involucrados en el funcionamiento del sistema de salud. Precisamente para mejorarlo, para moderar el uso de las tutelas y para hacer más efectivo el acceso de las gentes más desvalidas a los servicios de la salud pública.

Hasta el momento tales órdenes han sido o paladinamente incumplidas o defectuosamente ejecutadas por el Gobierno. Así lo testimonian los múltiples autos de seguimiento que la sala especial, que para el efecto creó la Corte, ha dictado al respecto.

Resulta muy interesante constatar que la Corte le ordenó al Ejecutivo introducir correctivos precisamente en la dirección en la que apuntan varios de los decretos de la Emergencia Social; sólo que dichos correctivos pudieron haberse adoptado con año  y medio de antelación y por la vía de la legalidad ordinaria.

En efecto: la Corte ordenó actualizar integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS) para evitar el uso excesivo de tutelas y para disminuir las presiones sobre la demanda de tratamientos o de medicamentos dentro del no-POS.

También  le ordenó utilizar con más intensidad las facultades regulatorias de que goza para evitar abusos y sobreprecios en los medicamentos; dio instrucciones para que se agilizaran los recobros ante el Fosyga; y en fin, dio instrucciones para que —tal como lo manda la ley— vaya uniformando el POS del régimen subsidiado con el del contributivo. El Gobierno no hizo casi nada de esto, y lo poco que ejecutó lo realizó deficientemente y con exasperante tardanza. Y ahora, súbitamente, descarga sobre el país la batería jurídica de una Emergencia Social.

Los incrementos en el IVA que ha decretado (cerveza, cigarrillos y juegos de suerte y azar) no los van a pagar los empresarios ni las compañías que producen estos bienes. Acá hay una falsa ilusión fiscal. Como sucede con todos los impuestos indirectos, éstos se terminan trasladando —vía precios— a los consumidores.

Como señala el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, “llegamos a la paradoja de que a quienes se reclama un esfuerzo fiscal adicional para arreglar las desvencijadas cargas de la salud de los más desvalidos del país, es a los sectores más pobres. Además, ha sido tan brusca el alza decretada que muy probablemente se incentivarán el contrabando y la informalidad”.

De caerse las medidas quedarían sin piso jurídico más de 200 artículos con los que el Gobierno esperaba recaudar más de $1,5 billones.

Las EPS agremiadas en Acemi, ante la eminente caída de los decretos, realizaron un llamado al Gobierno y a los candidatos presidenciales para estructurar un plan B, si se cae la emergencia.

Estas asociaciones serían  las más beneficiadas con los decretos pues seguirían recibiendo los aportes del Estado pero manteniendo un servicio regular y quedándose con las ganancias de un servicio que se convirtió bajo la administración Uribe, en un pingüe negocio.

Como anota el mismo Restrepo, “la  Corte Constitucional tiene, pues, la última palabra. Si tumba esta emergencia no sobrevendrá un Apocalipsis: simplemente volveríamos al terreno en que nos encontrábamos en diciembre pasado”.

Colombia introdujo un sistema mixto de predominio privado en salud pero que el gobierno Uribe  con la liquidación del Instituto de los Seguros Sociales y la tercerización de la Red pública, trasformó en un sistema fundamentalmente privado.

Uno de los problemas a resolver es la financiación, la cual es hoy insuficiente, pues se sustenta en el aporte del llamado contributivo, es decir, con los aportes del empleo formal, el cual está sacrificado por una política económica que subsidia al capital en detrimento del trabajo y estimula la informalidad de la economía.  Allí la discusión es de gran calado, pues involucra  nada menos que la política económica uribista.

Con la caída de los decretos, el movimiento sindical debe impulsar con nuevo ahínco el debate nacional en defensa de la salud de los colombianos.