{image}http://www.eldia.co/images/stories/110510/salud.jpg{/image}Los pacientes quieren de todo y los médicos acceden a todo, las EPS controlan gastos a rajatabla para defender el negocio, las clínicas privadas hacen lobby para que las EPS no les compitan, los políticos, alcaldes y gobernadores tienen en la salud un fortín electoral y los jueces y abogados fallan sin consideración alguna. Una papa caliente para el nuevo gobierno.
Un comentario que se hace en las distintas regiones da una idea de lo que está pasando con la salud en el país: hace un tiempo, los políticos locales preferían tener a uno de sus recomendados en la Secretaría de Hacienda o de Planeación. Hoy, el puesto más apetecido es la Secretaría de Salud, por la gran cantidad de plata que maneja.
Varias razones explican esa situación, pero quizá la más importante es una: en Colombia, las cifras oficiales muestran que 17 millones de personas están en el régimen contributivo de salud, 7 millones como aportantes y 10 como beneficiarios, unos 3 millones en regímenes especiales y 24 millones están en el régimen subsidiado. Así, el Gobierno habla, con orgullo, de que ha logrado una cobertura total en salud.
Sin embargo, de los 24 millones del subsidiado, regados por todo el país, solo hay inscritos 20 millones y no se tiene noticia de los otros 4 millones de cupos, que en sentido estricto no estarían cubiertos. ¿Dónde están? Nadie lo sabe, pero la plata si se gira a los entes territoriales, encargados de afiliar y pagar, porque así lo estableció la reforma constitucional de las transferencias que impulsó el hoy candidato Juan Manuel Santos en el gobierno de Pastrana. Y el dinero que llega a los municipios no es nada despreciable, procedente de la Nación, el Fosyga, las transferencias y los departamentos. La cifra pasa de los $7 billones.
El ejemplo anterior dice mucho, pero no todo, pues este es solo uno de los problemas que tiene el sector salud en el país y que motivó en buena parte la adopción de la emergencia social a finales del año pasado, luego de que el presidente Uribe recibió el reclamo de los gobernadores, quienes alegaban no contar con recursos para atender sus hospitales regionales, ya que toda la plata la giraban a los alcaldes bajo el supuesto de tener una cobertura total.
Ese sistema público de salud, con base en las regiones, que maneja el régimen subsidiado y la red de hospitales del Estado, acaba de recibir un nuevo espaldarazo de la Corte Constitucional, que al declarar inexequible la emergencia social determinó que la plata que se recoja hasta diciembre próximo debe ir a ese régimen y a atender la salud de los más pobres.
La salud en el país maneja alrededor de $31 billones en todos los niveles: régimen contributivo (12 billones); régimen subsidiado (7,4 billones); vinculados (3,0 billones) regímenes especiales (1,9 billones); salud pública (1,5 billones) y otros que incluyen usos especiales, como la medicina prepagada, (4,4 billones). La cifra supera tres veces la utilidad de las diez empresas más grandes del país.
Y las fuentes de las que proceden los recursos son muy variadas: aportes de trabajadores y empleadores, transferencias del Gobierno nacional o Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de departamentos y municipios, rentas cedidas, Soat, Etesa y otros excedentes.
Como ningún otro sector, la cantidad de agentes que “viven” de la salud es muy amplio, cada uno con sus propios intereses. Todos, desde su propia esquina, con el objetivo de atender a los usuarios que requieren el servicio, pero a la vez ganar dinero.
El paciente paga y reclama que le den todo lo que requiere para satisfacer su necesidad de salud, argumentando que para eso aporta. Las EPS aseguran al usuario y tienen a su servicio a los profesionales de la medicina y laboratorios clínicos para que diagnostiquen y formulen; las clínicas y hospitales defienden y protegen su negocio prestándoles servicios de hospitalización y cirugía a los asegurados de las EPS y haciendo lobby para que otros no se les metan en la construcción de infraestructura; muchos médicos tienen sus propios equipos, a los que envían a sus pacientes; los laboratorios farmacéuticos manejan un gigantesco negocio usando estrategias de mercado que se critican aquí y en el mundo; el Congreso, gobernadores y alcaldes saben que la salud es una buena herramienta para hacer política, y los jueces y cortes dicen aplicar a rajatabla la Constitución para garantizar la salud de la gente, sin que les importe lo que valga. Y, finalmente, el Gobierno, que se supone es el rector de la política sectorial, debe coordinar y regular el tema, pero también tiene sus propios intereses, dentro de los que está mostrar resultados por encima de cualquier otra consideración y, a la vez, hacer que la plata alcance y el sistema sea sostenible.
Los problemas de la salud vienen de atrás, es el comentario cierto y aceptado por todos, al igual que el reconocimiento de que lo que tiene hoy el país es mucho mejor de lo que había hace 15 años, en términos de cobertura y atención médica. Pero también se debe aclarar que la medicina ha avanzado en estos años, que hay nuevas técnicas y herramientas a disposición de los médicos, y los pacientes de hoy están mejor informados y, por ende, son más exigentes.
Por no ser un problema de ahora, la Corte tumbó los decretos de la emergencia social que expidió el Gobierno para la Navidad del 2009, pero “dada la gravedad de la situación financiera del sistema de salud” dio un compás de espera para que el Congreso apruebe los nuevos impuestos, lo cual garantiza unos recursos para este año, pero no arregla el problema estructural que el Gobierno quiso enfrentar, bien o mal, con normas de excepción. Para los abogados, la Corte hizo una maroma poco ortodoxa en términos legales.
El Gobierno quedó tranquillo con el fallo, pues la bomba de la salud no le estallará en los meses que le quedan, sino que con seguridad será uno de los principales problemas que deberá afrontar el nuevo Gobierno, que arranca el 7 de agosto.
“Que se hubieran diferido algunas medidas, como las de los impuestos a los licores, los cigarrillos y los juegos de azar, nos da un espacio importante para que conjuntamente, Gobierno y Congreso, podamos trabajar en los próximos meses”, dijo el ministro de Protección, Diego Palacio, luego del pronunciamiento de la Corte.
La verdad es que no se espera nada relevante para las sesiones ordinarias del parlamento en este primer semestre, las últimas que deberá manejar el gobierno de Uribe. Todo quedará para el segundo semestre, una vez arranque el nuevo mandato, pero dada la importancia, será uno de los asuntos que copará la atención en el segundo semestre del año y seguramente de los próximos, dada la necesidad de una reforma que va más allá de la plata.
Todo una jungla
La composición demográfica, la información y mayor cultura de los usuarios, los avances científicos, las nuevas herramientas terapéuticas, más eficaces que antes, y la protección de la ley hacen que, entre otras causas, los costos de la salud sean muy distintos hoy que hace 15 años, cuando arrancó el nuevo modelo de salud en el país, la llamada ley 100.
“Todo parece que el Gobierno no está dispuesto a aceptar esa realidad y prefiere pensar que el incremento de los costos del sector es culpa de los usuarios, los médicos, las clínicas y las EPS. La lectura de los decretos de la emergencia social lleva a la conclusión de que la desconfianza ha sido en buena medida el motor”, considera el presidente del Grupo Colsánitas, del cual forma parte la EPS Sánitas, Roberto Cocheteux.
El Gobierno tiene datos y ejemplos para sustentar abusos que bajo su criterio hacen insostenible el sistema y alegar así la necesidad de “racionalizar el acceso a los servicios de salud”, la cual nadie discute. Para el ejecutivo, se ha dado una especie de confabulación entre médicos y pacientes, que tienen en los jueces un gran respaldo para acceder a servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Una paciente que no se puede movilizar hasta la clínica logró que un juez le autorizara una ambulancia que debe estar disponible al frente de su residencia durante diez horas al día, un infante con una enfermedad en la sangre le ha costado al sistema $10.000 millones, una persona que se cambió de sexo recibió la autorización para hacerse una cirugía plástica en su rostro, otro paciente solo puede calzarse tenis de determinada marca o un tratamiento en el exterior que incluye el pago de un acompañante y un audífono de titanio que vale $80 millones son algunos de los ejemplos que se exponen a diario para justificar los problemas financieros del sector. Sin embargo, hay quienes sostienen —con alguna razón— que son casos marginales entre los 1.453 millones de servicios que se prestan o las 800.000 cirugías que se hacen anualmente.
El esquema de operación del sistema de salud es simple: los trabajadores que aportan tienen derecho a unos servicios de salud incluidos en el llamado Plan Obligatorio de Salud (POS), para lo cual las EPS reciben un valor específico que se denomina UPC, cuyo valor promedio por paciente para el 2010 es de $501.000. Dado que niños y ancianos son quienes más requieren servicios, su valor es mayor, en tanto que en las edades medias el gasto se supone más bajo.
Con esos dineros, las EPS deben financiar la atención de los usuarios. ¿Y son suficientes esos recursos? El Gobierno considera que sí, en cambio las EPS alegan que varias de ellas están en dificultades financieras porque no les alcanza la plata: la Nueva EPS (antigua EPS-ISS) requiere una capitalización de $80.000 millones de pesos, de los cuales las cajas de compensación deben colocar $40.000 millones y el Gobierno otro tanto, pero varias de ellas se han negado a capitalizar porque creen que la entidad no es viable; Famisanar, EPS de Cafam y Colsubsidio, podría enfrentar problemas por no alcanzar los niveles de solvencia exigidos por la ley e incluso se habla de que la Supersalud estaría ad portas de tomar medidas radicales y la EPS de Coomeva ha recibido recursos por más de 100.000 millones sin que logre salir adelante. La EPS de Colsánitas pierde dinero, y la más grande del sistema, Saludcoop EPS, enfrenta problemas por discrepancias en la interpretación de normas con la Supersalud y tiene enredados $300.000 millones.
Para el ministro Diego Palacio, la UPC es sostenible “hasta que no demuestren lo contrario”, pero “lo que deben entender es que el dinero es para atención médica y no para otras cosas”. El valor de la UPC subió para este año, en promedio, cerca de un 4%, suficiente para el ministro e insuficiente para las EPS, pues los costos crecen más rápido. Es un tema que deberá abordarse en cualquier reforma que se haga al sistema.
Los servicios y procedimientos que no están incluidos en el POS son prestados por las EPS con el compromiso de que el Fosyga (fondo que recibe los aportes) les reintegra los gastos. Muchos de esos servicios nacen como resultado de tutelas de los usuarios ante la negativa de las EPS que temen que el Gobierno no les reintegre la plata. Y aquí es donde se alega que los jueces y abogados autorizan servicios y tratamientos sin control alguno, y los médicos también se exceden, en muchos casos por efecto de que tienen negocios paralelos a las clínicas.
Hasta hace un tiempo, el llamado No POS no era mayor problema, y los recursos eran suficientes. Ahora no es así, pues los pacientes cada día exigen más: mensualmente se gastan cerca de $180.000 millones en este rubro, poco más de $2 billones al año, que debe reintegrar el Fosyga a las EPS. Y estos dineros están virtualmente agotados, a tal punto que dentro de dos meses no habrá disponibilidad.
Se estima que las deudas del sistema a las EPS por este concepto pueden estar llegando a los $800.000 millones, cuyo cobro es una pelea permanente entre Ministro y EPS, por la supuesta poca claridad en la información que sustentan las cuentas de las EPS. Y el problema es creciente.
Si las EPS no tienen dinero, no pueden cancelarles las obligaciones a las IPS (clínicas y hospitales) y entonces el problema se agrava, pues estas limitarán la atención a los usuarios del sistema.
Para el presidente de Colsánitas, lo razonable es que se ajuste y actualice el POS a los nuevos requerimientos. El ministro Palacio cree que se debe abrir una gran discusión en el país acerca de cómo se debe cubrir el No POS y determinar hasta dónde lo puede hacer el sistema. Pero finalmente el asunto se arregla con plata y ésta no existe.
Independientemente de la necesidad de recursos a corto plazo para pagarles a las EPS, este es otro de lo grandes asuntos que deberá abordar la reforma a la salud que estudiará el Congreso, incluyendo el espinoso tema de la utilización de las cesantías y otras platas de los usuarios para atender procedimientos especiales o graves y que el sistema no los pueda cubrir. Fue uno de los temas de la emergencia social que más causó disgusto entre los usuarios.
Con o sin razón, pero con la racionalidad financiera, las clínicas y hospitales privados también juegan sus cartas para defender su negocio: facturan por sus servicios a los usuarios que envían las EPS, lo que crea también controversias con las facturas y precios de los medicamentos de los tratamientos No POS. Hay casos en los que las EPS alegan tener que pagar varias veces por encima de las cotizaciones de los laboratorios.
Pero además han ido más allá. A través del cabildeo han logrado limitar a un 30% la posibilidad de las EPS de construir su propia infraestructura hospitalaria. Para éstas, esa restrición eleva los costos de la prestación de servicios y procedimientos, al agregar un eslabón más a la cadena de costos, que no ocurriría si se diera una mayor integración entre aseguramiento y prestación de servicios. De cualquier forma, esa limitación va en contravía del aumento en la oferta que hay en el país: en Colombia hay 12 camas por cada 1.000 habitantes, en tanto que el promedio latinoamericano es de 20.
“Hay EPS buenas y malas; clínicas buenas y malas y médicos buenos y malos. Este es un sector joven, de muy importantes recursos, y todos deben tener conciencia de que se sale adelante con el esfuerzo de todos”, es el llamado de atención del ministro Palacio sobre las disputas entre unos y otros actores del sistema.
Las medicinas forman parte del problema. Desde hace algún tiempo, con mayor énfasis en el 2006, el Gobierno liberó los precios, pero resultan evidente los abusos en algunos de ellos, en particular de las más especializadas. También los costos de mercado de una medicina pueden variar sustancialmente de acuerdo con el distribuidor.
Los sistemas de regulación, control y vigilancia sobre los medicamentos son muy rudimentarios y primarios. Sus precios están ligados a variables como el volumen o su importación, la cual, por ejemplo, solo podía hacerse por el mismo laboratorio productor o con su permiso. La semana pasada, el Ministerio de la Protección decidió autorizar la importación “paralela”de cerca de 50 medicamentos con la idea abaratar sus costos en los tratamientos no POS. Pese a que la medida no gustó para nada a los laboratorios, y su gremio Afidro, se declaró en contra, se estima que el ahorro podría ser de unos $400.000 millones al año.
La guerra entre los actores del sistema alcanza niveles increíbles. Varios laboratorios han acusado a las EPS de contrabando de medicamentos por el simple hecho de tener precios más bajos que los del productor y los comentados casos de incentivos a los médicos para formular medicinas concretas más costosas a sabiendas de que trae los mismos beneficios de otras que valen menos.
En el caso de los medicamentos también hay anécdotas del problema, que no se pueden generalizar, pero son muy ilustrativas. El presidente Uribe olvidó una medicina en su reciente visita a Honduras y debió comprarla en ese país. Gracias a su estilo de hacer las cosas, su sorpresa fue grande cuando comprobó que en ese país valía dos o tres veces menos que en Colombia.
¡Quién lo creyera! Después de que Caprecom estuvo a punto de ser liquidada por malos manejos, ahora parece que el Gobierno lo convertirá en el gran importador de medicamentos, negocio en el que se gasta la cuarta parte de los recursos de la salud, esto es, unos $7 billones al año, unos US$3.500 millones.
¿Quién podrá ordenar, regular y hacer más eficiente el negocio de la salud en Colombia? Es la pregunta y discusión que deberá abrirse en el país.
Por ahora, seguirá imperando la ley de la selva, expresada por un médico de un centro hospitalario del sur de Bogotá: “Todo paciente que entre por esa puerta tiene derecho a todo”. O por el gerente de una EPS que despacha en el norte: “Yo estoy aquí para dar utilidades, para lo cual controlo los gastos a rajatabla”.
Hace cerca de tres años, una de las cortes ordenó que todos los colombianos deben tratarse igual en el tema de la salud, pero solo hasta finales del 2009 el Gobierno cayó en cuenta de la dimensión del asunto y comenzó a actuar, cuando el problema le había tomado ventaja. Mientras tanto, alcaldes y gobernadores y, de paso, la clase política están felices manejando el nuevo fortín para hacer política: la salud.
Más allá de la coyuntura
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, es consciente de los problemas que enfrenta la salud en Colombia y es contundente en el sentido de que “no nos podemos dar el lujo de no tener EPS”, quizá el motor del modelo de la seguridad social que se montó en lo años noventa.
Palacio reconoce que hay problemas de politización y corrupción y que dada la gran cantidad de dinero que se maneja, mucha gente “se viste con la ropa de la seguridad social, pero realmente maneja un negocio sin ninguna consideración social”. Además, el Estado tiene limitada capacidad de control.
Aunque finalmente el problema de la salud se expresa en los recursos disponibles y a corto plazo el pago de recobros de las EPS por los servicios No POS, hay asuntos relacionados más con la estructura. Estos deberán ser abordados con la ilusión de una próxima reforma a la salud. Algunos de ellos, expuestos por distintos sectores e interesados en el tema, son:
• Los sistemas de identificación y de afiliación de la población, que constituyen la base del diseño de cualquier modelo, siguen siendo deficientes, en especial en lo que tiene que ver con el régimen subsidiado. Adicionalmente, hay un alto grado de evasión y elusión de los aportantes, agravado por las políticas de contratación laboral y de desalarización, que disminuyen el valor de la cotización.
• La presión por mayor calidad de los servicios puede haber llevado al otorgamiento de más importancia a la percepción y capricho del usuario que a la calidad científica de la atención, la ausencia de guías clínicas y a criterios poco técnicos de exigencia en la autorización para la operación de clínicas y hospitales.
• Mientras en Europa hay menos de 100 especialidades médicas, en Colombia pasan ya de 150. Esto tiene que ver con el mismo sistema de educación que requiere una mayor regulación, en el entendido de que se debe aprovechar más la capacidad de resolución de los problemas en el primer nivel de atención.
•El régimen subsidiado ha ganado una participación no calculada dentro del sistema sin que aporte los recursos para financiarlo, lo cual genera un presión financiera hacia el desequilibrio. Además, el número de cotizantes en el régimen es bajo comparado con la población ocupada.
• Hay una gran presión legal a la unificación de los servicios del POS entre el régimen contributivo y el subsidiado, lo cual social y políticamente es “rentable”, pero no consulta la realidad financiera. Si se toma esa decisión, hay que asegurar los recursos para cubrirla.
• Para las EPS, hay un crecimiento desbordado de los servicios No POS, que han desequilibrado las finanzas del sistema y paralelamente un costo creciente de los medicamentos, en particular de aquellos que se otorgan por fuera del POS
• Los sistemas de control de la red pública de hospitales siguen siendo muy deficientes y hay una gran interferencia de factores no técnicos. Hay desequilibrio regional en la red y en el recurso científico. El déficit de los entes territoriales para financiar los servicios No POS requiere una evaluación seria a nivel central del Gobierno, para evitar sorpresas en el futuro.
• El principal criterio de la política en materia de medicamentos no puede ser la libertad de precios, sino que debe haber claridad en asuntos como su relación con los genéricos, importaciones, patentes y negociación de precios con EPS e IPS.
• La ciencia y las técnicas médicas avanzan en el mundo con gran rapidez y constituyen un gran negocio. Su ingreso al país y su uso deben ser objeto de un análisis de efectividad. Esto cubre también a las llamadas enfermedades de alto costo o las enfermedades “huérfanas”.
El poder en la salud
Como en todas las actividades, la salud no escapa al poder económico y al lobby que se hace para obtener “dividendos” en las distintas instancias.
Las EPS, que son reconocidas como el motor del sistema pues reciben los recursos para su funcionamiento, tienen sus propios líderes naturales: Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, considerada la más grande entidad de su ramo, es consultor obligado en los temas sectoriales, pero además tiene una gran influencia en el sector cooperativo. A la par, Roberto Cocheteux, presidente del grupo español Colsánitas, lleva más de 20 años al frente de esa organización y es evidente su cercanía con los centros de decisión.
En el área de clínicas y hospitales privados, el director general de la Fundación Santa Fe, Roberto Esguerra Gutiérrez, y el industrial Fabio Echeverri Correa, en representación de la Clínica Shaio, son considerados como los “lobbistas” más cotizados en la defensa de los intereses de esos centros. Su trabajo ha sido determinante para impedir que las EPS amplíen su integración de aseguramiento e infraestructura.
No se puede desconocer el poder natural del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, pues es el rector de la política en salud. Sin embargo, todos los que tienen que ver con el área saben que su asesor, el ex supersalud César López, cuenta con un gran poder, que comparte con quien tiene a su cargo el control en la Superintendencia de Salud, Mario Mejía, funcionario que posee una larga trayectoria en el sector público.
Noemí Sanín - “A crear defensor de la salud”
“La salud es un derecho sagrado y no es un negocio. Es necesario crear el defensor de la salud para que la gente pueda reclamar por la buena prestación de los servicios, como si fuera una tutela ante los jueces. De esta manera podría obtener la atención inmediata en las urgencias, las citas médicas, los medicamentos, etc. Será oficio del funcionario que se designe prestar la debida atención a los reclamos de los pacientes”.
Es importante mantener y defender el Sisbén, pero alejándolo de la politiquería y concentrando la atención en la ampliación y mejoramiento de los servicios del sistema de salud subsidiada. Se deben administrar mejor los recursos, gestionar, controlar y acabar con la politiquería y la corrupción que se han adueñado de un sector que debe estar al servicio de todos los colombianos y no beneficiando a unos pocos.
Rafael Pardo - “La crisis no da espera“
“Este es el mejor momento para abocar una reforma de fondo. Nosotros estamos dispuestos a concertarla con el Gobierno, y aunque sabemos que no es fácil, es urgente hacerlo porque la crisis no da espera. El Ejecutivo se apresuró a presentar un proyecto para recaudar nuevos impuestos; pero por ahí no se empieza, ya que la financiación no es el principio, sino el final de un proceso. La crisis no es solo financiera; también está en juego la atención a los pacientes.
Se necesitan una estructura y una carta de derechos del paciente, continuar con el esquema de financiación a la demanda, resolver los problemas de los subsidios cruzados, poner en marcha un mecanismo sofisticado de regulación, al estilo del que tiene el sector de servicios públicos, tener buenas bases de información para rehacer el POS y crear un Ministerio de Salud”.
Antanas Mockus - “Sin honradez, salud no funciona”
“La ley es para todos y todos debemos cumplirla. Algunos patronos acuerdan con el trabajador que se mantenga en el régimen subsidiado, con el fin de no pagar las cotizaciones. Ese es un problema grave que está afectando al sector de la salud. Hay una gran informalización del mercado de trabajo; una parte de la crisis se debe al incumplimiento de la ley. O nos volvemos más honrados o el sistema no funciona.
En Colombia tenemos que racionalizar el gasto en salud, pero respetando la profesión médica. Hay que seguir con el esquema redistributivo entre regímenes, el POS tiene que ser actualizado, regular racionalmente los costos de intermediación, mejorar la cobertura y la calidad en la prestación de los servicios, hacer énfasis en el modelo de prevención de enfermedades y reemplazar las altas cotizaciones por impuestos generales”.
Juan Manuel Santos - “A frenar la corrupción”
“Es urgente acordar un POS actualizado y sostenible, que sea respetado por las EPS, los médicos y los jueces. Hay que crear una unidad especial de inteligencia y anticorrupción para evitar que los dineros aportados por los trabajadores se despilfarren. Se deben penalizar las listas de espera injustificadas para la adjudicación de citas médicas, exámenes o cirugías.
Además, se deben unificar la regulación de la salud en un Estatuto Único y poner en marcha planes de prevención y promoción a fin de universalizar la vacunación y el control de las enfermedades infecciosas. Se requieren medicamentos de calidad a precios asequibles, para lo cual es necesario crear un sistema de información interconectado. También es urgente crear un nuevo Ministerio de la Salud y la Vida Sana para que exista un responsable político de la calidad y la viabilidad financiera del sector.
Germán Vargas - “Hueco es de $4 billones”
“El monto de los recursos que se requieren en salud asciende a $4 billones y con el proyecto del Gobierno apenas se van a recaudar $1,2 billones, por eso creo que la iniciativa es insuficiente y que otro hubiera sido el rumbo si hace cuatro años se hubieran acogido las propuestas que presentamos.
Esta debe ser la oportunidad para garantizar la financiación del sistema, porque el panorama actual es desolador. Hay que replantear el papel de todos los actores, empezando por las aseguradoras; se deben concentrar los esfuerzos para formalizar el empleo —habría que formalizar a 8 millones de colombianos o aumentar las cotizaciones—; posibilitarles a los colombianos que decidan en dónde quedarse, exhortar al Gobierno a que expida el manual de tarifas máximas, crear el Ministerio de Salud y sacar a la politiquería que mantiene en el régimen subsidiado a muchos colombianos que no deberían estar allí.
Gustavo Petro “Hay que cambiar el modelo”
“El sistema de salud colombiano está construido sobre la existencia de la enfermedad, empieza a funcionar cuando la gente se enferma, y los particulares hacen negocios con los pacientes. Por eso es un barril sin fondo que chupa recursos públicos y cotizaciones de los asalariados sin prestación eficaz de servicios.
Ante el colapso del modelo, debido al agotamiento de los recursos públicos por la crisis fiscal y la reducción de las cotizaciones por el aumento del desempleo y la informalidad, la solución es cambiar el modelo de salud, evitando al máximo que la gente se enferme, para lo cual se necesita construir una red de médicos y enfermeras pagados por el Estado para que presten atención primaria integral. Sobre esta base podremos construir los siguientes niveles de complejidad con una menor afluencia y demanda sobre los hospitales, con lo cual se les daría un respiro financiero”.
