{image}http://www.eldia.co/images/stories/010710/002.jpg{/image}El caso de una madre desesperaba que buscaba vender su cabello para costear el tratamiento de su hija muestra la crisis en el sistema de salud y el oportunismo de los responsables de la situación.

El 29 de junio apareció una noticia en Caracol Televisión que tenía los elementos de una noticia amarillista: una mujer pobre de 45 años de edad llamada Alicia Talaigua Suarez puso en venta su cabellera para pagar el tratamiento de una extraña enfermedad que aquejaba a su hija menor, el cabello medía 1.90  metros y no había sido cortado desde el año de 1981.

A pesar de que la hija de la señora estaba afiliada al SISBEN, el médico le había informado que los medicamentos no le serían costeados por intermedio de este sistema.  La señora Talaigua tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hija, dado que no disponía de recursos “ni para pagar los servicios públicos”, decidió poner en venta su cabello para costear los medicamentos. 

Desafortunadamente esta situación no es extraña en el Sistema de Salud colombiano, el cual está diseñado como un esquema privado, en el que las Entidades Prestadoras de Salud –EPS- niegan su competencia sobre la mayor cantidad de casos posibles, con el fin de aumentar sus márgenes de ganancia. El sistema implica la existencia de dos regímenes: el contributivo y el subsidiado, en el primero están quienes cotizan al sistema de seguridad social, en el segundo quienes son subsidiados por los primeros y el Estado.

Las personas en el régimen subsidiado como doña Alicia no sólo son victimas de las EPS y su voluntad de atender a la menor cantidad de pacientes posibles –el 53% de las tutelas del sector, lo son por servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud-, sino que tienen derecho a un paquete de servicios menor al de aquellos que cotizan en el régimen contributivo. Aunque la Corte Constitucional ordenó en una sentencia que se igualaran los dos regímenes, esto no ha sido cumplido por el gobierno hasta el momento.

La crisis del Sistema de Seguridad Social se ve reflejada en las acciones de tutela interpuestas para acceder a servicios de salud, las cuales fueron el 39% del total de las tutelas interpuestas en el periodo 2006-2008 de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, mostrando una tendencia al aumento: 96.229 en 2006; 107.238  en 2007;  y 142.957 en 2008.  Estas cifras demuestran que los casos como los de doña Alicia no son aislados, y al no ser procesados por los medios de comunicación buscan cauces judiciales, las cifras son alarmantes y permiten explicar porqué el Presidente Uribe planteó unos años atrás acabar con la Acción de Tutela para proteger a las EPS.

El Sistema de Salud está en crisis de financiación, las personas en el régimen subsidiado son mayores que las del contributivo, lo que se debe a la política laboral que ha precarizado y empobrecido a la población, la obligación de igualar los regímenes también ha contribuido a la crisis del sistema. Para solucionar el problema en diciembre de 2009 el gobierno expidió unos decretos de emergencia social que limitaban los derechos de los afiliados, quienes incluso tendrían que sacar dinero de sus cesantías para pagar operaciones médicas. 

El día 30 de junio la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el Ministro de Protección Social Diego Palacios por la celebración del contrato 462 de 2008 cuyo fin era recomendar las modificaciones al Sisema de Salud. La Procuraduría informó que  el Contrato se celebró entre el Ministerio de Protección Social y la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria, “de la cual, tanto el representante legal y otros miembros del equipo de trabajo se encontraban, al parecer, inmersos en conflicto de intereses, por cuanto de manera simultanea representaban intereses particulares al hacer parte de las Juntas Directivas de Salud Colpatria S.A. y la Nueva EPS. S.A.”.

En conclusión, el Ministerio tiene inmerso al sector en una aguda crisis, pero parece preocuparse en demasía por recuperar los márgenes de rentabilidad de los operadores privados que participan en el “negocio”. Por otra parte, el problema de doña Alicia se solucionó después de que apareció la noticia, funcionarios del Ministerio la llamaron para decirle que colaborarían en el tratamiento. Probablemente con esta acción la imagen pública del Ministerio debió aumentar considerablemente, y la de los medios como agentes de denuncia también, sin embargo el tema parece más una campaña de imagen pública que otra cosa. 

Los responsables de la situación seguirán aparenciendo como héroes hasta tanto la mayoría de los colombianos se hagan conscientes de que la salud es un derecho, y que doña Alicia no debió abandonar su trabajo ni recurrir a la televisión para que le fuera concedido algo que le pertenece por el sólo hecho de ser ciudadana colombiana.