{image}http://www.eldia.co/images/stories/110810/003.jpg{/image}La grave situación financiera de varias  Empresas Sociales del Estado (ESE) en el de departamento de Córdoba, llevó a La Superintendencia Nacional de Salud a intervenir los hospitales de Cerete, Lorica,  San Diego y Montería.

Para los trabajadores de los hospitales intervenidos, los principales responsables de esta crisis, son la clase dirigente de Córdoba y las distintas administraciones, los cuales han fomentado el descalabro patrimonial de estas entidades, ahondando la crisis de salud que atraviesa esta región del país.

José Luis Mercado, presidente de ANTHOC – Lorica, manifestó que la intervención de la Superintendencia a los hospitales ha traído un poco de esperanza a los trabajadores, porque los entes de vigilancia, inspección y control pueden parar la corrupción administrativa.

En estos momentos, los balances corrientes de las empresas intervenidas son favorables, pero ninguna administración, ni las entidades encargadas de la vigilancia y el control  y tampoco las autoridades gubernamentales de Córdoba han generado estrategias claras y contundentes para sacar el sistema de salud en la crisis  que viene padeciendo desde hace varios años este departamento, aseveró José Luis Mercado.

Problemas como el no flujo del sistema subsidiado hacen que los recursos provenientes del estado a los hospitales públicos no lleguen a tiempo para su funcionamiento, lo cual le da paso al endeudamiento, el retraso de los salarios y el no pago de deudas como opción administrativa, si  le sumamos la corrupción interna, nos encontramos con una crisis local, regional y nacional de todo el sistema de Salud.

Los hospitales intervenidos en Córdoba, prestan atención a más de 450 mil personas, las cuales se verán afectadas en la prestación de este derecho en caso de no encontrarse una solución  eficaz que garantice el normal y buen funcionamiento  de las entidades de salud, porque la privatización seria el único camino existente.

Para ANTHOC – Lorica, es necesario que los organismos de control, vigilen los destinos de los recursos del estado en los hospitales intervenidos, así como la creación de políticas nacionales y departamentales que garanticen la universalidad del sistema de salud para todos los colombianos,  y el funcionamiento de la red hospitalaria publica.