{image}http://www.eldia.co/images/stories/190810/002.jpg{/image}El gobierno departamental de Cundinamarca, en cabeza de Andrés González, viene aplicando una política de liquidación y reestructuración de los hospitales públicos, situación que ha generado un problema social y laboral  de grandes magnitudes.

Recientemente, fueron liquidados el Hospital de Girardot, cuya categoría es  de segundo y tercer nivel, y el hospital San Juan de Dios de Zipaquirá, el cual fue dado en concesión a La Samaritana, y donde toda la planta administrativa fue liquidada.

Francisco Carillo, presidente de ANTHOC – Cundinamarca, manifestó  que en la reestructuración de los hospitales mencionados, se han utilizado argumentos como mejorar el servicio de salud a la comunidad, tanto en la atención como en la prevención, pero la realidad muestra lo contrario, porque no se están contratando los especialistas requeridos y para obtener una cita, la ciudadanía puede demorar hasta 2 meses para ser atendido.

Igualmente, el Hospital del municipio La Mesa, fue reestructurado, y solamente quedaron 17 trabajadores de planta,  además, se encuentra en debate de la Asamblea Departamental, la liquidación del Hospital de Fusagasuga y de Guaduas.

ANTHOC- Cundinamarca le ha mostrado con cifras al gobernador y a los diputados del departamento, la viabilidad de los hospitales públicos, pero ellos continúan con sus posiciones iníciales,  y queda en el ambiente para la organización sindical, si estos personajes van a recibir algún beneficio económico por privatizar las entidades de salud.

El hospital de Fusagasuga vende servicios por 2500 millones de pesos, y tiene una nomina de 1200 millones de pesos, lo cual por matemática simple nos quedarían 1300 millones de pesos, y estos recursos se pueden invertir en los insumos y suministros necesarios para garantizar  el normal funcionamiento, pero según la Contraloría Departamental, las EPS´s no le cancelan los dineros al hospital y por ello no es viable, afirmó Francisco Carrillo.

La salud debe ser un derecho de todos los colombianos y no un negocio donde se lucran unas pocas personas, el gobierno debería salvar la red hospitalaria publica y quitarle la intermediación a las EPS, verdaderas responsables del descalabro financiero del sistema de salud colombiano.