En antesala al debate que se adelantaría el pasado 15 de abril del año en curso en la Plenaria del Senado de la República Sobre “Libertades y Garantías Sindicales”, promovido por los senadores citantes del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez Ríos y Luis Carlos Avellaneda.Pusieron al desnudo la realidad de la política laboral que beneficia a los poderosos grupos económicos, financieros y empresariales, pero que, a su vez pauperiza las condiciones laborales del conjunto de la población económicamente activa, y proscribe los derechos y las garantías sindicales -asociación, negociación, contratación colectiva y huelga- e inclusive los derechos humanos y la vida de los dirigentes, activistas y bases de los sindicatos, el Ministro de Hacienda y Crédito Público insta a los gobiernos regionales y locales a entregar a terceros la red pública hospitalaria.
Mientras la bancada del Partido Demócrata y Congreso de los EEUU meten en el “congelador” la aprobación del Tratado Libre Comercio con Colombia, precisamente por la sistemática y persistente violación de los derechos humanos, la vida e integridad de los dirigentes y activistas sindicales, el desconocimiento de las garantías y libertades sindicales, los acuciosos funcionarios gubernamentales no escatiman esfuerzos humanos y económicos para convencer a los parlamentarios norteamericanos, la sociedad nacional e internacional de las bondades del régimen imperante y su política de “Seguridad Democrática y País de Propietarios” que beneficia a sectores minoritarios de la sociedad, mientras cerca de 30 millones de compatriotas son sometidos a condiciones de pobreza e indigencia.
El país y el movimiento sindical es sorprendido con una nueva agresión por parte del Gobierno, en esta oportunidad en cabeza del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, quien en una reunión con Gobernadores y Alcaldes, llamó a los dichos mandatarios a entregar la administración de las entidades prestadoras de salud al sector privado y a través de diversos medios de comunicación anunció: “En pocos meses el gobierno iniciará una segunda “ola” de concesiones de hospitales y clínicas públicas a terceros. Nos parece que el modelo de imponer con condiciones la entrega en concesión de muchas clínicas del Seguro Social ha resultado muy positiva”… “Hacer reestructuración hospitalaria permitiendo que entidades sin ánimo de lucro asuman la operación de estas entidades, pueden llevar a que los más necesitados accedan a centros de alta complejidad”.
El Gobierno y los agentes del neoliberalismo pretenden ocultar la realidad del país y muestran como exitosos los procesos de reestructuración, liquidación y entrega al sector privado del patrimonio social de los colombianos. En el área de la salud, la evidencia histórica nos enseña que los procesos de externalización a que han sometido los hospitales públicos de segundo y tercer nivel de atención no dieron los resultados que el gobierno esperaba, por el contrario la crisis de los mismos continúa -en el caso del Hospital Universitario de Santander que sustituyó al HURGV, actualmente cuenta con una cartera que supera los 30.000 millones de pesos, se represan diversos procedimientos e intervenciones quirúrgicas, se deteriora la calidad de los servicios entre otros muchos casos, los trabajadores de planta fueron reemplazados personal contratado a través de 25 Cooperativas de Trabajo Asociado que hace intermediación laboral con 1000 trabajadores a quienes se les reconoce menos del salario mínimo y sin ninguna garantía prestacional y laboral, que incluso pueden conllevar a su cierre o entrega para ser administrado por la Universidad Industrial de Santander- y los usuarios cada día encuentran mayores barreras de acceso a los servicios, con graves consecuencias para la salubridad pública, la más reciente prueba de ello, son los casos de rabia que se presentó en el Municipio de Santander de Quilichao (Cauca) donde varios infantes perdieron la vida, cuando el año inmediatamente anterior se ordena la liquidación de la Dirección Departamental de Salud de ese departamento y consecuencialmente el despido de cerca de 2500 trabajadores, entre ellos los responsables de los programas de zoonosis.
No queda duda, que el Gobierno Nacional pretende eliminar a toda costa las organizaciones sociales, específicamente las de los trabajadores, las convenciones colectivas de trabajo, evitar la existencia de sindicatos y por ende las garantías derivadas del derecho de asociación, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, la constitución nacional y la legislación interna, todo en aras de favorecer a sus amigos y aliados del capital financiero, empresarios nacionales y extranjeros, verdaderos depositarios de las políticas públicas que desarrolla el régimen imperante.
Este anuncio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, es una voz de alerta para que las organizaciones sindicales, los trabajadores y los usuarios organicemos la lucha por la defensa de la salud y la función social del estado, particularmente de las entidades públicas prestadoras de servicios de salud a las cuales recurren los sectores marginales de la población como verdadera garantía para hacer efectivo su derecho a la salud y a la vida.
Mientras la bancada del Partido Demócrata y Congreso de los EEUU meten en el “congelador” la aprobación del Tratado Libre Comercio con Colombia, precisamente por la sistemática y persistente violación de los derechos humanos, la vida e integridad de los dirigentes y activistas sindicales, el desconocimiento de las garantías y libertades sindicales, los acuciosos funcionarios gubernamentales no escatiman esfuerzos humanos y económicos para convencer a los parlamentarios norteamericanos, la sociedad nacional e internacional de las bondades del régimen imperante y su política de “Seguridad Democrática y País de Propietarios” que beneficia a sectores minoritarios de la sociedad, mientras cerca de 30 millones de compatriotas son sometidos a condiciones de pobreza e indigencia.
El país y el movimiento sindical es sorprendido con una nueva agresión por parte del Gobierno, en esta oportunidad en cabeza del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, quien en una reunión con Gobernadores y Alcaldes, llamó a los dichos mandatarios a entregar la administración de las entidades prestadoras de salud al sector privado y a través de diversos medios de comunicación anunció: “En pocos meses el gobierno iniciará una segunda “ola” de concesiones de hospitales y clínicas públicas a terceros. Nos parece que el modelo de imponer con condiciones la entrega en concesión de muchas clínicas del Seguro Social ha resultado muy positiva”… “Hacer reestructuración hospitalaria permitiendo que entidades sin ánimo de lucro asuman la operación de estas entidades, pueden llevar a que los más necesitados accedan a centros de alta complejidad”.
El Gobierno y los agentes del neoliberalismo pretenden ocultar la realidad del país y muestran como exitosos los procesos de reestructuración, liquidación y entrega al sector privado del patrimonio social de los colombianos. En el área de la salud, la evidencia histórica nos enseña que los procesos de externalización a que han sometido los hospitales públicos de segundo y tercer nivel de atención no dieron los resultados que el gobierno esperaba, por el contrario la crisis de los mismos continúa -en el caso del Hospital Universitario de Santander que sustituyó al HURGV, actualmente cuenta con una cartera que supera los 30.000 millones de pesos, se represan diversos procedimientos e intervenciones quirúrgicas, se deteriora la calidad de los servicios entre otros muchos casos, los trabajadores de planta fueron reemplazados personal contratado a través de 25 Cooperativas de Trabajo Asociado que hace intermediación laboral con 1000 trabajadores a quienes se les reconoce menos del salario mínimo y sin ninguna garantía prestacional y laboral, que incluso pueden conllevar a su cierre o entrega para ser administrado por la Universidad Industrial de Santander- y los usuarios cada día encuentran mayores barreras de acceso a los servicios, con graves consecuencias para la salubridad pública, la más reciente prueba de ello, son los casos de rabia que se presentó en el Municipio de Santander de Quilichao (Cauca) donde varios infantes perdieron la vida, cuando el año inmediatamente anterior se ordena la liquidación de la Dirección Departamental de Salud de ese departamento y consecuencialmente el despido de cerca de 2500 trabajadores, entre ellos los responsables de los programas de zoonosis.
No queda duda, que el Gobierno Nacional pretende eliminar a toda costa las organizaciones sociales, específicamente las de los trabajadores, las convenciones colectivas de trabajo, evitar la existencia de sindicatos y por ende las garantías derivadas del derecho de asociación, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, la constitución nacional y la legislación interna, todo en aras de favorecer a sus amigos y aliados del capital financiero, empresarios nacionales y extranjeros, verdaderos depositarios de las políticas públicas que desarrolla el régimen imperante.
Este anuncio del Ministro de Hacienda y Crédito Público, es una voz de alerta para que las organizaciones sindicales, los trabajadores y los usuarios organicemos la lucha por la defensa de la salud y la función social del estado, particularmente de las entidades públicas prestadoras de servicios de salud a las cuales recurren los sectores marginales de la población como verdadera garantía para hacer efectivo su derecho a la salud y a la vida.
