La situación del Hospital San Rafél de Girardot es incierta, pues desde el año pasado se espera que en cualquier momento se decrete su liquidación definitiva, quedando a la deriva, alrededor de 390 trabajadores y trabajadoras con más de 15 años de servicio al hospital.Esta entidad es la más importante y reconocida del departamento, trabaja en función de los enfermos aproximadamente desde el año de 1908, presta un servicio de tercer nivel de atención, es decir que tiene la capacidad de atender casos de gran complejidad, pero la situación es crítica y el hospital se encuentra en estado de “coma”.
Escenario ocasionado por las nefastas y desfavorables políticas de salud como la ley 100 de 1993, cuyo único interés ha sido el de acabar con la red hospitalaria del país, con los trabajadores y favorecer a intermediarios y mercaderes de la salud, llámense ARS o EPS, que mediante contratos injustos hacen que cualquier hospital o IPS que acepte sea desmejorado.
Los argumentos para su liquidación son la “crisis hospitalaria” por la alta carga prestacional de los trabajadores, representada en los derechos laborales, conseguidos a través de luchas por condiciones de trabajo dignas y coherentes con las funciones y labores que realizan en el hospital.
La posición geográfica hacen de la Empresa Social del Estado, Hospital San Rafael de Girardot, la institución más importante prestadora del servicio de salud en Cundinamarca, en razón a esta ubicación estratégica, el hospital cuenta con vías de acceso disponibles para los municipios cercanos que carecen de un centro de atención de tan alto nivel. Además, de una infraestructura bien dotada y completa.
Es inaudito que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien impuso la ley 100, acabe con toda la historia y recorrido de estas Empresas del Estado, tan importantes y que han sido de gran aporte a los usuarios de los municipios de Cundinamarca.
Con los gastos que se generan por la liquidación de estos hospitales, el Presidente y el Ministerio de la Protección Social, deberían reconsiderar sus políticas de extinción con el sector de la salud, e inyectar ese capital para que sigan funcionando y no seguir perjudicando a la población más vulnerable.
Escenario ocasionado por las nefastas y desfavorables políticas de salud como la ley 100 de 1993, cuyo único interés ha sido el de acabar con la red hospitalaria del país, con los trabajadores y favorecer a intermediarios y mercaderes de la salud, llámense ARS o EPS, que mediante contratos injustos hacen que cualquier hospital o IPS que acepte sea desmejorado.
Los argumentos para su liquidación son la “crisis hospitalaria” por la alta carga prestacional de los trabajadores, representada en los derechos laborales, conseguidos a través de luchas por condiciones de trabajo dignas y coherentes con las funciones y labores que realizan en el hospital.
La posición geográfica hacen de la Empresa Social del Estado, Hospital San Rafael de Girardot, la institución más importante prestadora del servicio de salud en Cundinamarca, en razón a esta ubicación estratégica, el hospital cuenta con vías de acceso disponibles para los municipios cercanos que carecen de un centro de atención de tan alto nivel. Además, de una infraestructura bien dotada y completa.
Es inaudito que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien impuso la ley 100, acabe con toda la historia y recorrido de estas Empresas del Estado, tan importantes y que han sido de gran aporte a los usuarios de los municipios de Cundinamarca.
Con los gastos que se generan por la liquidación de estos hospitales, el Presidente y el Ministerio de la Protección Social, deberían reconsiderar sus políticas de extinción con el sector de la salud, e inyectar ese capital para que sigan funcionando y no seguir perjudicando a la población más vulnerable.
