{image}http://eldia.co/images/stories/230211/002.jpg{/image}El departamento de Casanare recibe mucho dinero gracias a las regalías petroleras, donde las autoridades locales han logrado invertir en Salud e inyectar presupuesto a los hospitales, los cuales han modernizado sus equipos tecnológicos,  pero los problemas laborales como el atraso en las remuneraciones a los trabajadores aun siguen vigentes.

William Vanegas, Secretario de actas de ANTHOC, manifestó que varios hospitales de Casanare, adeudan  hasta 4 y 5 meses de salarios a sus respectivas plantas de personal, siendo los casos más emblemáticos los ocurridos en la ESE de Tauramena y Yopal.

El hospital de Yopal, adeuda 3 meses de salario a sus trabajadores de planta y a los contratista el atraso es de 6 meses, donde la situación tiende a agravarse porque no se encuentra una salida para cancelar las respectivas remuneraciones económicas.

Una noticia importante para los trabajadores de la ESE de Yopal y la comunidad casanareña fue la caída del proyecto de entregar a operadores externos el funcionamiento del hospital, porque se presentaron irregularidades en el proceso de contratación por parte del gerente, anomalías reportadas por ANTHOC ante las autoridades competentes, aseveró William Vanegas.

El hospital de Tauramena de primer nivel, tiene un déficit de 1300 millones de pesos, donde las remuneraciones salariales de los trabajadores de planta no han sido canceladas desde hace 4 meses, y los contratistas no ven sus salarios desde hace 7 meses.

Para ANTHOC existe una administración amañanada en el Hospital de Tauramena, donde los gerentes nombrados han sido incompetentes en el manejo de los recursos de la institución, por tanto la organización sindical le ha solicitado a los respectivos entes de control investigar los estados financieros de la entidad y sus respectivos manejos.

La crisis del modelo de salud colombiana está encaminada a la eliminación de toda la red pública hospitalaria del país,  y entregar los servicios a entes privados,  y mientras no exista una política de cambio opuesta radicalmente a la Ley 100, las instituciones de salud seguirán presentado déficits enormes, los cuales se traducen en la no cancelación de sus respectivas obligaciones, como lo son el pago a los trabajadores y a los proveedores.