{image}http://eldia.co/images/stories/030511/001.jpg{/image}La detención de varios funcionarios públicos en el denominado carrusel de la salud, donde  los recursos de la nación en vez de llegar a los hospitales públicos para su funcionamiento han pasado a bolsillos privados, demuestra el fracaso de la ley 100 del 93, verdadera promotora del descalabro.

No solamente las Empresas Promotoras de Salud (EPS) se dedicaron a hacer recobros al gobierno nacional por  los medicamentos contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), sino además no han girado los recursos adeudados a los hospitales públicos, generando una situación de insostenibilidad financiera y la única solución gubernamental es la reestructuración y liquidación de las entidades de salud.

Un caso critico de inviabilidad financiera es el Hospital “San Rafael” de Fusagasuga, al cual se  le adeudan más de 15 mil millones de pesos, y la solución dada por el gobernador de Cundinamarca es reestructurar la entidad despidiendo 115 trabajadores, en vez de exigirle a las EPS  girar los recursos respectivos.

Francisco Carillo, Secretario de Unidad y Solidaridad Sindical de ANTHOC,  manifestó que la decisión de reestructuración del hospital de Fusagasuga  fue tomada por el gobernador sin importarle la situación de los trabajadores y la comunidad.

Hasta el momento se ha notificado a 45 trabajadores del Hospital su despido, los cuales no recibieron un peso por indemnización a pesar de sus años laborados, se les adeuda virios meses de sus respectivos  salarios y sus maltrechas cesantías solo las recibirán en mes y medio, aseveró Francisco Carrillo.

Entre los trabajadores despedidos se encuentran cirujanos, ginecólogos, anestesiólogos, enfermeras, trabajadores de servicio, y no se ha contratado el personal para suplir las funciones ejercidas por ellos, por tanto la prestación de los servicios de salud en el Hospital San Rafael se ha visto afectada, por no contar con el personal requerido.

ANTHOC está asesorando jurídicamente a los trabajadores despedidos, para que interpongan las acciones legales necesarias para garantizar sus derechos constitucionales y fundamentales, asimismo la organización sindical hace un llamado al gobierno nacional a cambiar  el actual modelo de seguridad social.