{image}http://eldia.co/images/stories/060511/006.jpg{/image}Del 2 al 4 de mayo, se realizó la inspección a la UBA Nuestra Señora del Carmen en el departamento de Vichada, en la cual participaron trabajadores de la entidad de salud, representantes de ANTHOC como organización sindical y representantes de las autoridades locales y nacionales.

María del Carmen Sánchez, Vicepresidente Nacional de  ANTHOC, manifestó que la atención en salud por la IPS publica, y las Empresas Promotoras de Salud (EPS) tanto publica como privadas es deficiente en el Vichada, especialmente en el municipio de Cumaribo, donde a las autoridades locales y departamentales no les importa el derecho a la salud, aunque si el negocio derivado de ella y avalado por la ley.

Actualmente en Cumaribo, las EPS públicas y privada cuentan con la infraestructura adecuada  para prestar una atención hospitalaria adecuada generando el desplazamiento de la población enferma a otros centros de salud, solamente la UBA Nuestra Señora del Carmen cuenta con algunas instalaciones para brindar el servicio pero el municipio no contrata con ella  y mucho menos le tiene población afiliada.

La salud en Cumaribo es manejada por mercaderes, los cuales se lucran de los recursos de la nación, pero la población, la cual es indígena casi  en su totalidad, no cuenta con una atención adecuada, y las entidades publicas de salud se encuentran al borde de la quiebra.

ANTHOC hace un llamado a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de  la Protección Social  y se apropien de la grave situación sanitaria del Vichada, respetando los acuerdos pactados con anterioridad y girando los recursos necesarios a la UBA Nuestra Señora del Carmen para prestar un servicio con calidad donde lo principal es la población y no el afán de lucro.

La quiebra de la red hospitalaria publica nacional y  el enriquecimiento de entes privados con los recursos destinados a la salud,  seguirán mientras la ley 100 de 1993  siga siendo el motor principal del modelo de seguridad social, por tanto, hacemos un llamado al gobierno nacional a cambiar la normatividad existente y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país, especialmente la salud y educación.