{image}http://eldia.co/images/stories/050511/008.jpg{/image}Como si no fuese poco el comercio descarado que se hace con la salud de los y las colombianas, ahora la viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda, anuncia investigaciones por enormes desfalcos al Fondo de solidaridad y Garantías (FOSYGA).
Luego que se hiciese público el descubrimiento de los desfalcos en que estaban implicados funcionarios del ministerio de protección social y miembros de las EPS, y que en una investigación preliminar dio cuenta de cobros irregulares del orden de $30.000 millones de pesos, se inicia la pesquisa que "promete" dar al traste con la red criminal. Como ha ocurrido en otros casos, seguramente serán capturados los títeres, dejando al cubierto a los titiriteros.
Los desfalcos se llevaron a cabo con prácticas como pagos ordenados por tutelas falsas, cobro de facturas de medicamentos por valores superiores a los observados en el mercado y recobros de cuentas presentados por personas fallecidas o por personas cuyas cédulas de ciudadanía no corresponde en el cupo numérico establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
En el curso de investigación el Juez 48 Penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuros a los primeros implicados: Claudia Patricia Rojas, ex-coordinadora del grupo de recobros del Ministerio de Protección Social, Luis Andrés Ruiz Martínez, ex-director de sistemas de la misma cartera, Edgar Medina Millán, Héctor Mauricio Durán Poveda y John Carlos Lemus Rodríguez, particulares.
Se les imputan cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho propio, enriquecimiento ilícito para terceros y prevaricato por acción. También, según lo expuesto por el fiscal del caso, los implicados utilizaron cuentas de terceras personas para recoger los dineros obtenidos por las maniobras fraudulentas. Al término de la audiencia de imputación ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los punibles citados.
Estos hechos dan un nuevo aire al debate frente a la corrupción. La discusión gira en torno a si son las instituciones públicas o las privadas, las más proclives a caer en prácticas de clientelismo y corrupción. Algunos afirman que no es un hecho inherente a la naturaleza de la institución, sino a la naturaleza, mejor, la cuantía del negocio que está en juego. Algunos más agudos afirman que se trata de tupidas estructuras de clientelas y negociantes que han estado presentes en el país casi desde su inicio, y que, entre otras cosas, han podido extender sus redes gracias a la ausencia del Estado en varias regiones del país.
Lo claro es que esas estructuras son la contraparte, la cara oculta de la "clase política" del país, que lejos de obtener sus puestos por "meritocracia”, lo hacen auspiciados por esas redes que se renuevan y reinventan tan rápido como se develan los escándalos.
Como siempre la viceprocuradora indicó que por interés del señor Presidente de la República, conjuntamente con la Fiscalía General, la Contraloría General y la Procuraduría General de la Nación, se conformó una fuerza especial de acción conjunta, coordinada, que investigara y velara por que se salvaguarden los intereses de las mayorías.
