{image}http://eldia.co/images/stories/140611/009.jpg{/image}Los problemas del sector salud  en el Valle del Cauca se han visto agravados por la negligencia en el pago de carteras por parte de las EPS, así como por la contratación por medio de cooperativas de trabajo asociado que afectan a los trabajadores, y, por tanto, a la prestación del servicio.

El caso del Hospital Universitario del Valle HUV, es preocupante pues la cartera asciende $ 150.337 millones, siendo quizá la cartera más grande en toda Colombia. A la crisis financiera del HUV se suma la que enfrentan hospitales como el San Vicente de Paul de Palmira, el hospital Departamental de Buenaventura y el hospital de Tuluá Tomás Uribe Uribe.

Para el caso de Palmira, se le adeuda $ 8.000 millones de pesos, Buenaventura tiene un déficit de más de $6.000  mil millones y Tuluá supera un déficit de $10.900  millones de pesos.

Las deudas se reflejan en la falta de insumos y la demora en el pago de los salarios al personal de planta y de cooperativas. El retraso en el pago de los salarios es de entre uno y cinco meses, y aun persisten deudas de años pasados, de 2001 y 2002.

La mala  atención al usuario, la pésima administración de los recursos económicos, la entrega inoportuna de medicamentos y el cobro a los usuarios de tarifas que no están contempladas en la ley,  son las  principales problemáticas que aquejan al sector salud en el Valle.

De parte de  Luz Erenia Hurtado, presidenta de la Seccional ANTHOC Valle, pese al comunicado del presidente Juan Manuel Santos en que llama a fomentar la contratación directa, y la recomendación enviada por el Secretario de Salud,  Alejandro Solo Nieto , a los gerentes de los hospitales,  llamándolos a generar la contratación directa o manifestar por medio de oficio los argumentos que les impiden hacer esa gestión, la contratación por cooperativas aumenta en el departamento.

El sector sindical se ha visto amenazado por reclamar el cumplimiento de la ley que obliga a no contratar por cooperativas, y no ha encontrado acciones eficaces que les garanticen el derecho a la vida, la asociación y la protesta.

Se espera que se logre la contratación directa antes de entrar en curso la ley de garantías, pues de no serlo así, es posible que los trabajadores queden en manos de los politiqueros de turno que utilizan la coyuntura para capitalizar réditos políticos.