{image}http://www.eldia.co/images/stories/220911/002.jpg{/image}Después de varias semanas en asamblea permanente, los trabajadores de la red hospitalaria pública de Casanare  llegaron a un acuerdo con la gobernación, la Secretaria de Salud, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) RedSalud y Carezca,  para  salvar de la quiebra los hospitales  que operan en dicha región del país.

María del Carmen Sánchez, Vicepresidenta de ANTHOC, manifestó que no existe voluntad política de la gobernación y la secretaria de salud para garantizar una adecuada prestación de los servicios médicos  a todas las comunidades de la región.

Aunque las regalías del departamento de Casanare están desde el mes de marzo, la gobernación no ha contratado los respectivos  servicios de salud permitidos por la ley, lo cual muestra una falta de gestión  de las autoridades locales para preservar el derecho a la salud en la región.

En Casanare existen municipios donde solo opera 1 medico para toda la población, no se contratan las deudas a los proveedores, se retrasa el pago de los salarios y sobre todo, las EPS no giran los recursos adeudados a los hospitales, aseveró María del Carmen Sánchez.

ANTHOC junto a los trabajadores de la red pública de Casanare decidieron levantar las asambleas permanentes y solamente realizará asambleas informativas  para la comunidad, y esperan del gobierno departamental y las EPS involucradas cumplir con los acuerdo, asimismo se espera un arreglo definitivo el próximo 28 de septiembre de toda la problemática de salud, en caso contrario, se ahondaría la grave crisis social que se vive en la región.

La organización sindical  expondrá la grave crisis departamental de salud en Casanare ante los entes de control y  la falta de preocupación de las autoridades locales porque tienen los recursos almacenados mientras la gente se está muriendo por no contar con una atención adecuada.

La quiebra de la red hospitalaria pública nacional  seguirá mientras la ley 100 de 1993  siga siendo el motor principal del modelo de seguridad social, por tanto, hacemos un llamado al gobierno nacional a cambiar la normatividad existente y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país, especialmente la salud y educación.