{image}http://www.eldia.co/images/stories/270911/001.jpg{/image}El pasado 25 de junio de 2011, fue liquidada en Montería la Empresa Social del Estado (ESE) Salud Sinú, por orden del Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud, pero hasta el momento varios trabajadores de la institución no se les ha resuelto s situación laboral y jurídica.
Carlos Arturo Sánchez, directivo de ANTHOC-Córdoba, manifestó que varios trabajadores de la ESE Salud Sinú, los cuales formaban parte de la planta administrativa fueron despedidos sin causa justa, violándoseles su derecho a la carrera administrativa.
Además, a varios trabajadores de la entidad de salud, no se le han pagado sus salarios reales, no se le reconocen sus cesantías, igualmente de los 104 empleados escalafonados para hacer parte de la carrera administrativa, solamente 40 han sido certificados por la Comisión Civil, aseveró Carlos Arturo Sánchez.
De igual manera, los trabajadores que no fueron despedidos en la liquidación de la ESE Salud Sinú por condiciones especiales como fuero sindical o prejubilables, aun no se les define su situación pensional, porque desde el 2008 no se le hacen sus respectivos aportes a la seguridad social, además no se le retribuyen las cesantías hasta cuando estén al día en los pagos de sus respectivas pensiones.
Para ANTHOC-Córdoba, las trabas impuestas a los trabajadores no despedidos de la institución mencionada son inverosímiles y absurdas porque las cesantías deben ser dadas a los empleados para la subsistencia de sus familias mientras se arreglan los problemas pensiónales.
Es necesario aclarar que la liquidación de la ESE Salud Sinú no solamente afectó a los trabajadores, además se presentó una disminución en la calidad de la prestación de los servicios médicos para la población de Montería y en la cobertura de personas atendidas.
Si el gobierno nacional continua con sus pretensiones de profundizar la ley 100 de 1993 como eje motor del sistema de seguridad social colombiano, en vez de reestructurarla, toda la red hospitalaria del país ira a la quiebra donde los trabajadores y la población en general serán los únicos perdedores, mientras los intermediarios como las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y los fondos de pensiones se enriquecerán con los recursos destinados a garantizar un derecho fundamental.
