Esto, pese a que las amenazas en contra de la dirigente antioqueña se han recrudecido, tanto así que desde el 21 de mayo continua recibiéndolas, pues en esa fecha reciibió una nueva amenaza, mientras aún sale el resultado de ese estudio.
“A la compañera la van a matar”, advierte María del Carmen Sánchez, vicepresidenta de Anthoc. “El caso de Jiménez ha sido valorado con un riesgo alto.Por tanto, el Estado debe garantizarle su seguridad, máxime cuando una tutela le dio 48 horas a la UNP (Unidad Nacional de Protección) para que le implementaran su esquema de seguridad”.
Actualmente, ella debería estar negociando unos pliegos de peticiones en Antioquia y no cuenta con la protección necesaria de su vida. Tras la amenaza fue custodiada por la policía, pero esto no es una medida de seguridad permanente.
Para la secretaria Nacional de ANTHOC, “El caso de María Victoria Jiménez raya en lo abominable. Ella es bacterióloga del Hospital San Juan de Dios de Santafé de Antioquia. En su momento era presidenta de la subdirectiva de ANTHOC, cargo desde el cual denunció valientemente hechos de corrupción al interior del centro médico, por lo cual fue objeto de acoso laboral”.
Como se recordará, a María Victoria Salazar, advierte la vicepresidenta Nacional de ANTHOC, “una noche, al llegar a su casa, fue abordada por la espalda por un desconocido que el propinó 7 puñaladas y le destrozó la nariz con un golpe después de tirarla al suelo. A partir de ahí ha sido sometida a 12 operaciones y aún en su rostro lleva las cicatrices del ataque. Aún no han encarcelado a los culpables, porque además el fiscal que llevaba su caso fue asesinado”.
Desde entonces, ella y su familia son víctimas frecuentes de amedrentamiento. El temor es tal que nadie se atreve a reemplazarla en su cargo en Anthoc Santafé de Antioquia. A pesar de la delicadeza de los sucesos, el Estado ha dejado toda su responsabilidad a la UNP, que, al parecer, apeló la tutela donde le exigen protegerla.
