Considero que la nueva modificación a la Ley 100 de 1993, Ley 1438 de 2011, y la reforma anterior, la Ley 1122 de 2007, están en la misma lógica: La prestación de atenciones en salud como un negocio del sector financiero especulativo y no como un derecho ciudadano.
Esta afirmación es fácil develarla en el contenido de la nueva ley. Valga afirmar lo siguiente: La nueva ley le da más gabelas a los intermediarios financieros, las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Financieramente, le traslada más recursos al aseguramiento, desfinanciando aún más al Ministerio de Protección Social, a las Secretarías Departamentales y Municipales de Salud. Establece “planes voluntarios en salud”, incluso por actividades y procedimientos antes contenidos en el Plan Obligatorio de Salud el que, entre otras cosas, desaparece como concepto para llamarse ya no POS sino “Plan de Beneficio”. Permite la denominada “integración vertical”: El asegurador también es prestador, lo cual lo fortalece más. Coloca al servicio del capital financiero el talento humano; como se diría en Antioquia, quien tiene la plata pone las condiciones; esto significa que los intermediarios continuarán definiendo salarios, honorarios y reglas de contratación.
Qué le queda faltando a la nueva Ley
En mi criterio, hay que replantearse la reforma al Sistema en Salud en términos de derecho ciudadano, que ello no sea un negocio de intermediarios financieros. Y para ello necesitaríamos una nueva ley, no ésta que se acaba de aprobar.
La nueva ley y la intermediación laboral
Considero que, pese a los cantos a la bandera de acabar con la intermediación laboral, ella continuará. En el mismo articulado podemos observar ciertas incoherencias: se plantea que se está en contra de la intermediación laboral pero se la admite hasta el año 2012. Sí pero no. Durante mi actividad como congresista de la República, e incluso desde mucho antes, siempre he insistido en un postulado: Mientras existan los intermediarios financieros y su deseo de acumular capital, éstos buscarán sus ganancias en el eslabón más débil de la cadena, los trabajadores, quienes seguirán teniendo menos ingresos y menos estabilidad en el empleo.
Sobre la Autonomía Médica
A pesar de existir una ley que promulga la autonomía en el ejercicio médico profesional, ésta ya estaba intervenida por el gran poder financiero que fueron adquiriendo durante muchos años los aseguradores privados. Me preocupa que la nueva ley abre el camino legal para una mayor intervención al cambiar conceptos claves de ética y autonomía de los gremios de la salud; pero me preocupa aún más el silencio, cómplice o no, de los profesionales de la salud que el año anterior se movilizaron masivamente contra los decretos de Emergencia Social que hoy se reproducen, con algún grado de maquillaje, en la nueva ley.
Sobre la tan publicitada portabilidad nacional como elemento para eliminar barreras de acceso, creo que no es suficiente puesto que, como lo he afirmado reiteradamente, tener el carnet no le garantiza al usuario el derecho a acceder a la prestación del servicio de salud. Continúan existiendo múltiples barreras, valga sólo mencionar los copagos y las cuotas moderadoras.
