{image}http://www.eldia.co/images/stories/061010/04.jpg{/image}Recientemente el Departamento Administrativo de Función Publica, dio el visto bueno para reestructurar varios hospitales de Cundinamarca, lo cual significa un recorte de la planta laboral y la privatización de los servicios médicos en esta zona del país.
Francisco Carillo, presidente de ANTHOC-Cundinamarca, manifestó que los hospitales de Fusagasuga, Guaduas y Villeta son las instituciones de salud a reestructurar, donde aproximadamente 600 trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo.
El gobernador de Cundinamarca, Andrés González, ha manifestado públicamente la no liquidación de ningún hospital público del departamento, pero en la realidad viene tercerizando las diferentes plantas administrativas, contratando con cooperativas de trabajo, violando de dicha manera la sentencia C-614, aseveró Francisco Carillo.
La reestructuración de los hospitales públicos se terminaría en el mes de enero de 2011, donde en Fusagasuga saldrían 400 trabajadores, en Villeta la cifra podría ser de 50 empleados y en Guaduas podrían perder sus puestos de trabajo 150 personas.
Lo peor de la situación, es que los trabajadores despedidos llevan más de 25 años de servicio y no se les reconocerá ningún derecho a pensión, generando un problema social, porque en nuestro país, la gente de mayor edad no consigue trabajo fácilmente.
Actualmente, ANTHOC- Cundinamarca se encuentran elaborando las tareas de defensa de los hospitales públicos, para ello han contado con el apoyo de la CUT y de las distintas comunidades afectadas.
El pasado 30 de octubre, se reunió la regional del Sumapaz de la CUT, en la cual participaron las diferentes organizaciones sindicales de la zona, las juntas de acción comunal, las veedurías y la comunidad en general, para exigirle al gobernador González, la defensa de la salud pública, la no privatización del agua potable, y la no venta de la Universidad de Cundinamarca.
El problema de la crisis hospitalaria se debe al modelo sobre el cual descansan los fundamentos de la seguridad social, es decir, la ley 100 de 1993, la cual en caso de seguir en vigencia llevara a todos los centros administrativos de salud públicos del país a la desaparición y a la privatización total de la salud beneficiando únicamente a los Entes Privados.
