{image}http://eldia.co/images/stories/160511/005.jpg{/image}Francisco Carrillo Daza, Fiscal de la junta departamental de Cundinamarca de ANTHOC, se pronuncio frente a la difícil situación por la que atraviesa el Hospital San Rafael del municipio de Fusagasuga.
De una planta de 267 funcionarios ya se ha dado el despido de 115 trabajadores, generando tanto irregularidades en los procesos de despido, liquidación e indemnización, como afectando el funcionamiento del centro de salud. Baste señalar el caso de los médicos especialistas quienes fueron despedidos y no reemplazados generando represamiento en la atención y prestación del servicio tanto del pueblo fusagasugueño como de los habitantes de municipios cercanos como Venecia, Pandi y Viota.
Según la apreciación de Francisco Carillo resulta incomprensible que las orientaciones dadas por el gobierno departamental en materia de reestructuración conlleven a re contratar por medio de cooperativas a un costo que oscila entre 10 y 12 millones de pesos a especialistas que antes tenían un costo de contratación de 7 millones. También hay una distancia con las directrices del gobierno central, quien siguiendo las condiciones dadas por la administración Obama en la búsqueda de la aprobación del TLC, exige respetar y mejorar las condiciones laborales mediante la supresión de las cooperativas de trabajo.
Parece que el alto costo de contratación de especialistas lo pagan las enfermeras, auxiliares de enfermería y personal de servicios generales, quienes han sido despedidos y recontratados por medio de cooperativas, presentando condiciones aberrantes en su remuneración que en algunos casos ni siquiera alcanza el salario mínimo legal vigente.
De parte de la Asociación se ha apoyado a los compañeros trabajadores generando acciones de denuncia y dimensionamiento de la problemática. También se instauro una demanda contra el gerente del hospital y el gobernador de Cundinamarca por la forma en que se está dando la reestructuración del hospital, entre otras cosas, porque se está violando la sentencia C-614 de la corte constitucional en la cual se dicta que “(…)la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal”. Actualmente se espera el fallo de la Fiscalía.
Es necesario generar acciones desde los diferentes sectores progresistas del país, pues el negativo impacto que sobre los trabajadores y usuarios del servicio contrasta con los enormes desfalcos que se han divulgado en los últimos días en el sector salud, y que demuestra una vez más el inagotable apetito de los grandes empresarios que no tienen empacho en robar y acumular más riqueza a costa del bienestar y la vida de los habitantes más desprotegidos.
